Elimina TEPJF sanciones del INE y cancela multa de 410 mil pesos

La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó diversas sanciones impuestas por el INE a la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Giovanni Figueroa, por irregularidades de los gastos reportados durante la elección judicial.

En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, se revocó parcialmente la multa impuesta por el Consejo General del INE.

"Se propone considerar que asiste la razón a la parte recurrente, por un lado, porque no se le debió sancionar por la presunta omisión de rechazar una aportación prohibida al no acreditarse un vínculo entre su candidatura y las publicaciones materia de la infracción, ni la obtención de un supuesto beneficio electoral", señala el proyecto de la magistrada Mónica Soto.

"Sumado a que no se analizó su escrito de deslinde, y por otro lado, debido a que una manta y banner en un evento organizado por una asociación civil no constituyen propaganda electoral al ser parte de la organización del evento y, por ende, no tenía la obligación de reportarlos", detalla.

En otro asunto, se revocaron parcialmente multas al ministro Giovanni Figueroa por no haber reportado operaciones en tiempo real.

"De una revisión exhaustiva se advierte una discrepancia en las fechas de operación de tres egresos en contraste con los comprobantes que exhibió en su momento, lo cual no puede operar en su perjuicio", apuntó.

De acuerdo con información preliminar, conforme a lo resuelto en la sesión de este miércoles, para la ministra Yasmín Esquivel se revocó una sanción por un monto de 410 mil 471 pesos. Y le fue confirmada otra que tendrá que pagar, de alrededor de 12 mil pesos.

Para el ministro Giovanni Figueroa, se le quitó una sanción de 226 pesos, pero se confirmaron otras por 2 mil 262 pesos.

Con la resolución, la Sala Superior envió un mensaje sobre la necesidad de fortalecer los criterios de valoración del INE durante los procesos de fiscalización, especialmente en ejercicios inéditos como la elección judicial. Magistrados señalaron que la autoridad administrativa debe analizar con mayor rigor el contexto de cada caso antes de imponer sanciones que podrían ser desproporcionadas.

Fuentes del Tribunal explicaron que este tipo de decisiones busca garantizar que los aspirantes cuenten con plena seguridad jurídica, pues muchas de las faltas detectadas derivan de interpretaciones nuevas o criterios aplicados por primera vez en el proceso electoral reciente. Subrayaron que un control judicial adecuado evita que los candidatos enfrenten cargas indebidas o sanciones por conductas no acreditadas.

La resolución también reabrió el debate sobre la regulación de la propaganda en eventos organizados por asociaciones civiles, un tema que ha generado controversia entre los especialistas. Algunos magistrados advirtieron que el INE deberá delimitar con mayor precisión cuándo un material forma parte del acto cívico y cuándo constituye beneficio electoral directo, para evitar nuevos criterios contradictorios en futuras elecciones.

Especialistas en derecho electoral señalaron que estas resoluciones podrían influir en futuros criterios de fiscalización, ya que el Tribunal está marcando límites más claros sobre qué elementos deben considerarse propaganda y cuáles no.