Exhiben cómo el "R1" libró cinco procesos penales

El nombre de Ramón Ángel Álvarez, conocido como "R1" o "El Moncho", volvió a colocarse en el centro de la agenda del gabinete de Seguridad tras ser identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. 

De acuerdo con las autoridades federales, el operador criminal mantiene presencia directa en al menos cuatro municipios de Michoacán, donde actúa junto con su hermano, identificado como "R2". 

La conexión entre ambos y su zona de influencia fue confirmada como parte de las investigaciones relacionadas con el asesinato del edil.

No obstante, recordó que el presunto criminal ya había sido detenido hace 13 años junto con sus hermanos Rafael "N", "R2", y Jesús Santiago "N", pero un juez ordenó su liberación inmediata. 

Ese episodio fue parte de una serie de procesos judiciales que, según autoridades federales, favorecieron la impunidad.

De acuerdo con información presentada en 2022 por Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de Seguridad, Ramón Ángel Álvarez estuvo preso durante una década tras ser detenido en 2012 y liberado en un "sabadazo", luego de que una jueza ordenó su excarcelación durante la madrugada de un sábado. 

En aquel momento, se le imputaban delitos de secuestro y delincuencia organizada con fines de narcotráfico, pero la jueza Primera de Procesos Penales del estado de Jalisco solicitó su liberación por razones procesales.

Mejía Berdeja señaló que "R1" acumulaba cinco antecedentes penales y diversos mandamientos judiciales, pero en todos los casos fue absuelto. 

Entre los juzgados que emitieron dichas resoluciones se encuentran el Juzgado Séptimo del estado de Jalisco; el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Federales en Jalisco; el Juzgado Tercero de Procesos Penales; el Juzgado Quinto de Primer Partido Judicial de Jalisco; así como un expediente adicional por secuestro agravado y delincuencia organizada.

Según el exsubsecretario, estos fallos se dieron por desvanecimiento de pruebas, falta de testigos y la ausencia de elementos para acreditar su responsabilidad.

El funcionario afirmó que los criterios judiciales que permitieron su liberación representaron "un caso de impunidad" y adelantó que se procedería con denuncias por delitos contra la administración de justicia, así como con una queja ante el Consejo de la Judicatura.