Pretende Morena juntar revocación de mandato con elección de 2027

El próximo lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Leonel Godoy Rangel, planea aprobar un dictamen de reforma al artículo 35 constitucional para empatar la realización de las consultas populares y de revocación de mandato, con la elección de diputados, alcaldes, gobernadores y jueces.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, publicó en sus redes sociales parte de las modificaciones, entre las que se encuentra cambiar el día para realizar las consultas populares, del primer domingo de agosto, al primer domingo de junio.

"Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión", específica la reforma.

El diputado Moreira calificó la reforma como una estrategia de Morena para no perder la elección del 2027.

"¡¡Todo el mismo día!!....bola rápida de #Morena....el miedo a perder la intermedia...se vota el próximo lunes... juntar la revocación con la elección de diputados federales, gobernadores, alcaldes y jueces y magistrados... la dictadura que viene", escribió Moreira en sus redes sociales.

Y realizar la revocación de mandato del titular del Ejecutivo se plantea realizar el mismo día de la elección intermedia.

De aprobarse la iniciativa, el dictamen pasará al pleno para su discusión y votación en los próximos días, donde se prevé un intenso debate entre las bancadas. Legisladores de oposición han adelantado que impugnarán la reforma, al considerar que podría generar confusión entre los electores y favorecer al partido en el poder. 

En contraste, Morena y sus aliados defienden la propuesta bajo el argumento de que busca reducir costos electorales y fomentar una mayor participación ciudadana.Is this conversation helpful so far?

De acuerdo con fuentes legislativas, la propuesta también implicaría ajustes logísticos para el Instituto Nacional Electoral, que tendría que organizar de manera simultánea los distintos procesos.

Expertos en derecho constitucional advierten que esto podría saturar las urnas y complicar el conteo de votos, además de plantear retos en materia de fiscalización y difusión de resultados.