Registra pobreza el 38 % de los damnificados por lluvias

Las lluvias e inundaciones que golpearon a Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro amenazan con revertir los avances sociales logrados en los últimos años. Según datos del Inegi, en 2024 el 38.1% de la población de estas entidades —unos 8.9 millones de personas— vivía en situación de pobreza, 3.5 millones menos que en 2020.

Sin embargo, especialistas advierten que miles de familias podrían volver a caer en la pobreza o en pobreza extrema, tras perder sus viviendas, cosechas o fuentes de ingreso. "Algunos municipios habían logrado avances, pero las inundaciones podrían hacerlos retroceder a condiciones de hace cinco años", explicó el exsecretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz.

En los 91 municipios más afectados, donde habitan cerca de 3 millones de personas, las condiciones sociales ya eran precarias antes del desastre. De acuerdo con la última medición municipal del Coneval, dos de cada tres habitantes vivían en pobreza en 2020, lo que hace prever un impacto severo tras la emergencia.

Los datos oficiales muestran carencias profundas en esas comunidades: el 54% carecía de servicios básicos en la vivienda, el 28% enfrentaba inseguridad alimentaria, y casi una quinta parte no tenía acceso a servicios de salud. Con los daños actuales a la infraestructura y al campo, estos indicadores podrían empeorar de manera significativa.

Municipios como Coyutla y Espinal (Veracruz), Tianguistengo y Huehuetla (Hidalgo), y Tlacuilotepec y Pahuatlán (Puebla) ya registraban entre 76% y 84% de pobreza. En casos extremos, como Eloxochitlán (Puebla) o Texcatepec (Veracruz), la pobreza alcanzaba más del 90% de la población antes del desastre.

Nabor Cruz señaló que la recuperación dependerá de cuatro factores clave: la reactivación económica, la rehabilitación de carreteras y caminos rurales, la reconstrucción de viviendas y la garantía de alimentación. "Mientras más tarden en restablecerse los servicios básicos y el empleo, más difícil será romper el ciclo de pobreza", advirtió.

Los daños en infraestructura también afectan la prestación de servicios públicos. Con caminos destruidos y comunidades incomunicadas, las escuelas y centros de salud han suspendido actividades, lo que agrava la situación de miles de familias. Además, la pérdida de cultivos y ganado pone en riesgo la seguridad alimentaria en amplias zonas rurales.

Aunque el Gobierno federal calcula que la reconstrucción podría costar hasta 16 mil millones de pesos, similar a lo ocurrido tras el huracán Otis en 2023, los especialistas advierten que el reto no solo será económico.