Asegura Víctor se atenta a la libertad de expresión con propuesta

Actualmente se discute en el Senado de la República el dictamen sobre la propuesta de Ley de Telecomunicaciones y, aunque aborda diferentes temas como la necesidad de ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y la propuesta de que el cableado sea soterrado, también presenta verdaderos riesgos que implican un control de las plataformas digitales.

"El fondo del asunto, y en lo que como bancada queremos hacer énfasis, es en la intención de control y censura que pretende esta propuesta de ley. Ahí es donde verdaderamente radica el problema. Este dictamen no es solo una propuesta técnica o administrativa, es una amenaza directa a los derechos fundamentales, en particular al derecho a la libertad de expresión", mencionó Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

El Diputado Federal panista, señaló que el referido proyecto contraviene lo estipulado por el Artículo 6º de la Constitución Federal, el cual establece de manera clara y contundente el derecho de todas las personas a acceder a información en condiciones de libertad, garantizando un ambiente donde se puedan expresar ideas y opiniones, sin miedo a represalias, censura o persecución.

Agregó que, contrario a ese mandato constitucional, la iniciativa que hoy se analiza pretende establecer mecanismos de control sobre los contenidos, sobre las plataformas y sobre quienes hacen uso de ellas para informar, opinar y que no hay, en el dictamen, una sola garantía real ni efectiva para la libertad de expresión. 

"Al contrario, lo que hay es una estrategia para intervenir en la comunicación pública, bajo el pretexto de proteger a las audiencias, cuando en realidad se busca controlar el discurso y condicionar los temas que pueden o no ser abordados, declaró.

 Además, en la propuesta de ley se contempla la creación de un organismo o agencia a la que, los diputados de oposición, han calificado como una 'agencia de control y censura', una instancia que no responde a principios democráticos, sino a una lógica autoritaria, en la que el Estado se convierte en árbitro del contenido y, por tanto, en censor oficial.

"Y ya que el próximo lunes, como Cámara revisora, estaremos abordando esta propuesta, queremos dejarlo muy claro, como Grupo Parlamentario: no vamos a avalar una ley que atente contra las libertades fundamentales. Seguiremos insistiendo en que el país requiere una legislación moderna, garante de derechos, promotora de la inversión, pero sobre todo, respetuosa de la dignidad humana y de los principios democráticos," puntualizó.