El viernes 27 de marzo, un juez de Control giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del estado: la masacre de Arantepacua.

Los delitos que hoy (viernes) los persiguen —homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura— no son menores. Son la confirmación jurídica de lo que durante casi nueve años denunció una comunidad indígena que nunca dejó de exigir justicia.

Pero faltan: señalan también a Adrián López Solís, exfiscal General del Estado de Michoacán y exsecretario de Gobierno durante la masacre, que por años ha sido señalado de omiso; Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales, funcionarios involucrados y señalados por los habitantes. Cabe mencionar que La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición del exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, y del exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo local, Guillermo Loaiza Gómez, implicados en el desfalco de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.

La denuncia de Comuneros de Arantepacua en 2017

Después de que cuatro pobladores murieran a tiros durante el ingreso de un operativo de la Policía de Michoacán a la comunidad de Arantepacua, habitantes indígenas de esa localidad del municipio de Nahuatzen, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por el múltiple homicidio ocurrido en el mes de abril de ese año.

Pese a que no existen carpetas de investigación debido a que los cuerpos fueron levantados por los propios comuneros y sepultados sin ser sometidos a necropsias, la comunidad habría pedido que se esclarezcan los asesinatos, que afirman, son responsabilidad del Estado.