Padece la cárcel de mujeres por austeridad; suma 21 suicidios

Jheralding Marcela Pantoja Botero, una ciudadana colombiana recluida durante siete años sin sentencia en el Cefereso 16 de Morelos, murió el 6 de febrero de 2025 en circunstancias que su madre, Mónica Botero, rechaza como suicidio. 

Su caso se suma a una alarmante cifra de 21 suicidios registrados en este penal federal desde 2020, lo que lo convierte en el centro penitenciario femenino con más muertes autoinfligidas en el país. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido varias recomendaciones por esta crisis, que ha sido atribuida a una deficiente atención psicológica, condiciones de aislamiento y políticas penitenciarias marcadas por recortes presupuestales.

Activistas y ex internas señalan que la política de austeridad federal provocó el traslado masivo de mujeres de penales estatales a Ceferesos, generando hacinamiento, choques de normativas penitenciarias, y la ruptura de vínculos familiares. 

Esto, sumado a la falta de personal médico y psicológico, ha provocado un grave deterioro en la salud mental de las internas. 

Testimonios revelan prácticas de medicación sin supervisión, violencia institucional y abandono. A pesar de órdenes judiciales recientes para mejorar la atención en salud mental, el gobierno federal sigue autorizando más traslados, mientras los casos de suicidio continúan en aumento y las respuestas institucionales son nulas o insuficientes.

La situación en el Cefereso 16 ha dejado claro que la crisis de salud mental en las cárceles de México es un problema grave y desatendido. 

A pesar de las evidentes deficiencias, las políticas penitenciarias del gobierno siguen sin centrarse en la prevención de suicidios y el bienestar de las internas, lo que ha generado una creciente desconfianza en las autoridades penitenciarias. 

Las familias de las víctimas, como la madre de Jheralding, continúan exigiendo justicia y transparencia, mientras luchan por entender las causas de estas muertes y la falta de rendición de cuentas en un sistema que debería velar por la vida de los reclusos.

El caso de Jheralding también pone de manifiesto la falta de una verdadera política penitenciaria que priorice la rehabilitación y el bienestar de las personas privadas de la libertad. 

A pesar de las reiteradas denuncias, las autoridades continúan minimizando el problema, y las reformas estructurales necesarias para garantizar los derechos humanos de las internas siguen siendo postergadas. 

El sistema penitenciario mexicano enfrenta una crisis de derechos humanos que afecta a miles de personas, cuyas vidas se ven destruidas por condiciones que deberían ser inaceptables en cualquier sociedad democrática.