Propone PRI 60 años de cárcel por reclutamiento forzado

 Senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma penal que establece penas de hasta 60 años de prisión a quien financie, opere u ordene la operación de campos de exterminio en el país, así como a quien reclute personas por medios de redes sociales o se aproveche de que son menores de edad o de su condición económica.

Durante la sesión ordinaria el senador Teodomiro Ortega presentó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis en donde se proponen reformas al Código Penal Federal en materia de exterminio y reclutamiento forzado.

Se impondrá pena de veinte a cuarenta años de prisión y multa de tres mil a cinco mil días de salario mínimo a quien, con cualquier grado de participación, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de un campo de exterminio o adiestramiento del crimen organizado.

Para los efectos de este artículo, se entenderá como campo de exterminio o adiestramiento cualquier sitio destinado a la privación ilegal de la libertad de personas con el propósito de su explotación, tortura o eliminación.

El entrenamiento forzado de personas reclutadas por organizaciones delictivas; la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o cualquier otra forma de exterminio masivo; y la incineración, inhumación clandestina o destrucción de cadáveres para ocultar evidencia del exterminio.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más, es decir 30 y 60 años de cárcel, cuando se acredite la existencia de estructuras de mando y jerarquía dentro del campo de exterminio.

Se utilicen métodos de tortura o esclavitud en las víctimas; se registre la desaparición forzada o asesinato de menores de edad, mujeres, indígenas, migrantes o personas con discapacidad.

Además, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo a quien, por cualquier medio, reclute, obligue, coaccione, incite o induzca a una persona a integrarse o colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado.

Asimismo, se puntualiza que el reclutamiento podrá realizarse por medios físicos, psicológicos, digitales o electrónicos, incluyendo redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos en línea u otros canales tecnológicos utilizados para la captación de personas.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más, es decir 15 y 30 años de prisión, cuando la víctima sea menor de edad, indígena, migrante o persona con discapacidad.