Redes en EU arman a cárteles en México

Los cárteles mexicanos mantienen redes de abastecimiento de armas en Estados Unidos mediante compradores, intermediarios y proveedores que operan en distintos estados y, en algunos casos, tienen vínculos directos con integrantes del crimen organizado. Informes federales estadounidenses documentan una división de tareas para adquirir, reunir y trasladar armamento ilegalmente hacia México.

De acuerdo con la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), estas estructuras reclutan a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, incluso sin antecedentes penales, para comprar armas a nombre propio. Algunos desconocen quién será el destinatario final, mientras otros reciben dinero e instrucciones de los organizadores.

El especialista en seguridad nacional Jaime Ortiz explicó que los compradores pueden ser reclutados entre familiares, amigos y contactos de redes sociales. Aunque su participación puede limitarse a adquirir y entregar el armamento, se convierten en cómplices de la operación, aun cuando desconozcan su destino.

Una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) en el norte de Texas documentó cómo José Carlos Rivas-Chiarez coordinaba a varias personas para comprar armas. El grupo adquirió más de 100 y los agentes encontraron en su vivienda más de 150 cajas vacías, mensajes sobre precios y entregas, así como grabaciones que mostraban su participación en las compras.

Las investigaciones también han identificado organizaciones que reúnen armamento adquirido en diferentes estados para concentrarlo en Texas y posteriormente enviarlo a México. En septiembre de 2025, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas informó sobre una estructura que operaba desde 2022 en cinco estados y cuyo desmantelamiento permitió decomisar cerca de mil armas.

Los expedientes también documentan relaciones directas entre proveedores estadounidenses y organizaciones criminales mexicanas. Uno de los casos es el de Keith Octavio Rodríguez Padilla, vinculado con integrantes de alto rango de la organización Valenzuela, relacionada con el Cártel de Sinaloa. Fue condenado en enero de 2025 a 19 años y medio de prisión por conseguir armas, municiones y equipo para esa estructura.

Otro mecanismo consiste en intercambiar armas por drogas. Según la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, Shawn Bisnauth coordinaba compras en Carolina del Sur para enviarlas a Texas, donde eran intercambiadas por narcóticos. Aunque dirigía las operaciones desde prisión, en agosto de 2026 recibió una sentencia de 25 años de cárcel.

El tráfico también ha evolucionado hacia el suministro de componentes para fabricar armamento en México. Chandler Britain Bradford fue declarado culpable de proporcionar a un asociado de Monterrey piezas suficientes para producir aproximadamente 5 mil 700 rifles semiautomáticos. Por la operación recibió más de 3.5 millones de dólares y también facilitó herramientas y asesoramiento.

Las municiones representan otra vía de abastecimiento. Una investigación documentó la adquisición de más de dos millones de cartuchos y cargadores por más de un millón de dólares entre 2021 y 2024, mediante vendedores de internet. Además, autoridades estadounidenses han investigado a proveedores señalados de intentar abastecer al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.

La ATF clasificó como estadounidenses 22 mil 817 de las 32 mil 144 armas recuperadas en México durante 2025 y sometidas a rastreo, equivalente a aproximadamente 71 por ciento. Aunque la Misión Cortafuegos, anunciada por ambos gobiernos en septiembre de 2025, contempla mayores inspecciones e intercambio de información, el especialista Jaime Ortiz advirtió que todavía es necesario investigar a compradores, organizadores, proveedores y el origen del dinero para demostrar una reducción sostenida del tráfico.