El manejo del lenguaje como estrategia política de la 4T ya lo hemos comentado en otros espacios. 

El control de la información y el uso de la propaganda masiva como doctrina de Estado son herramientas utilizadas por los regímenes de corte autoritario. 

Se busca consolidar la legitimidad del gobierno mediante palabras y narrativas.

Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum comparte una "lista" que dicen que no es lista y la definen como información que el pueblo debe conocer. ¿A poco no podemos identificar qué es una lista?

La historia de la humanidad es, en buena medida, una historia de listas. 

Los Diez Mandamientos, los 14 principios de Deming, las siete maravillas del mundo antiguo y sus versiones modernas. El Índice de Libros Prohibidos, la lista de Schindler, los catálogos de la Biblioteca de Alejandría. 

Hay infinidad de ellas; existen para diferentes propósitos, pero siempre dirigen la atención y el interés para tomar decisiones. 

Hay una innegable relevancia y selectividad asociadas a las mismas. Por ese poder que tienen para marcar y estigmatizar, importa quién hace la lista y desde dónde. 

La presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sí es una lista, aunque ella y el gobierno prefieran llamarla "ecosistema digital de amplificación artificial".

El documento expuesto desde Palacio Nacional refiere a 86 nombres, -cuentas identificables ligadas a la oposición- de medios, comunicadores y figuras políticas. 

En respuesta a diversos cuestionamientos, la consejera jurídica afirmó que no se trataba de una lista, sino de un análisis que describe cómo funciona la amplificación artificial de tendencias y quiénes participan en ella. 

Un diagnóstico, expresó, sobre cómo una noticia u opinión se replica mediante narrativas coordinadas con trolls y bots; no son "listas negras" ni acusaciones directas de que los medios estén pagando estas redes, señaló. 

Sin embargo, insistió en que el financiamiento existe y es evidente.Las justificaciones del estudio son muy frágiles. 

En el nombre aparece la primera inconsistencia, porque si no es una lista, ¿por qué se presentan nombres, cuentas y sujetos identificables dentro de una clasificación pública?

Por otra parte, que exista viralidad artificial, manipulación de conversaciones y desinformación es innegable. Igual que los bots y los trolls. 

La inteligencia artificial ha multiplicado la capacidad para producir y distribuir contenidos a una velocidad que hace apenas unos años era inimaginable. Nada de esto es novedad. 

Tampoco lo es la polarización política, la propaganda o la utilización de los medios para influir en la opinión pública.Lo que se discute no es el fenómeno, sino el método y desde luego la intención. 

En una investigación seria, cuando lo que importa es comprender el problema, se definen las variables, se explica la metodología, se establecen las categorías y se muestran los criterios con los que se llegó a las conclusiones. 

No importan los nombres de los sujetos estudiados, lo relevante son los hallazgos. Y, sobre todo, deben presentarse las distintas posibilidades que permitan interpretar los datos, mostrando tanto los aspectos positivos como los negativos, así como áreas de oportunidad y posibilidad de estudios futuros.

Lo presentado por la Consejería Jurídica carece de ese sustento metodológico. Esto resulta especialmente delicado por proceder de una dependencia del Ejecutivo federal, sin facultades legales para exhibir a medios y periodistas.Nadie cuestiona que el gobierno estudie las redes; tiene el derecho y la obligación de hacerlo. 

Lo cuestionable es que lo haga para exhibir públicamente a personas y medios identificados como opositores y, además, mediante un estudio poco serio. Ya no es un diagnóstico, es una advertencia.Esto genera un riesgo político —o quizá sea una estrategia calculada—. 

En comunicación pública, exhibir a los críticos suele darles más visibilidad, sobre todo cuando se les presenta como integrantes de una red coordinada. Pueden ser blanco de ataques. 

El intento de desacreditarlos puede también convertirlos, paradójicamente, en símbolos de resistencia y terminar haciendo del gobierno una víctima de la misma oposición que retrata como mentirosa.

Paralelamente, en este sexenio se ha desarrollado una peculiar costumbre de redefinir las palabras cuando un concepto resulta políticamente incómodo. 

No es un apagón, es un "evento de interrupción del suministro"; no es un descarrilamiento, es un "incidente ferroviario donde no cayeron completamente los vagones"; no son instalaciones de huachicol, son "inconsistencias operativas en terminales de almacenamiento"; no es censura, es "protección de las audiencias"; y ahora, no es una lista, sino un "análisis de tendencias digitales".

Es preocupante el nivel de control al que aspira el Ejecutivo. 

Se vigila la narrativa, se desacredita al crítico, se le clasifica y, finalmente, se pretende regular el espacio en el que puede expresarse. Y todo, para que la credibilidad sea monopolio oficial y el pueblo no se confunda.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com