En la novela La muerte de Artemio Cruz (1962), Carlos Fuentes retrata a un hombre al final de su vida, quien, entre recuerdos y delirios, rememora una existencia marcada por pactos ilegales, ambiciones y renuncias.
Más allá de un personaje, se trata de la metáfora del poder político y económico que se pudre desde dentro, porque se sostiene en alianzas corruptas. Cada favor recibido tiene un precio y cada pacto se convierte en una cadena. Al final, quien debería servir termina sirviéndose del poder.
Esta imagen resulta incómodamente actual cuando se piensa en autoridades que dan entrada a grupos delincuenciales.
Cuando la delincuencia logra instalarse dentro de un Gobierno municipal, la autoridad deja de responder a la ciudadanía y obedece a intereses criminales. El costo lo termina pagando la propia gente, con miedo, violencia y pérdida de confianza.
El caso reciente de Juchitán, en el estado de Oaxaca, con la detención del alcalde por una orden de aprehensión relacionada con los delitos de extorsión y vínculos con una célula de un grupo delincuencial, constituye un ejemplo de lo anterior.
Las investigaciones apuntan a nexos con una estructura criminal dedicada a la extorsión, al cobro de piso, tráfico de personas y homicidio. También se investiga el uso de cámaras de vigilancia para alertar a criminales sobre la presencia de corporaciones de seguridad; recursos públicos desviados para comprar armas, y redes de transporte usadas para el narcomenudeo.
Durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, la extorsión ha dejado de ser entendida como un problema aislado para convertirse en una prioridad que requiere una respuesta nacional. Para ello, se dio un paso importante con la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, misma que aprobamos en el Congreso.
Cuando una autoridad es infiltrada por la delincuencia, el daño permea a toda la sociedad. Pero también hay una respuesta: instituciones coordinadas, leyes que permiten actuar de oficio, inteligencia financiera, policías y fiscalías con mayores capacidades y gobiernos municipales capaces de resistir la presión.
La seguridad se construye ahí, en donde la gente vive y trabaja. Y el objetivo es que ningún municipio tenga que elegir entre obedecer al miedo o confiar en su autoridad. Que el Estado vuelva a ser, siempre, la institución que protege y no la que se encuentra del otro lado de la amenaza.