En "El laberinto de la soledad", Octavio Paz retrata con precisión el modo en que México ha sido históricamente observado desde fuera: con ojos que no entienden, que no conocen, que no sienten. Nos han querido interpretar a la distancia, desde una altura moral imaginaria, con referencias que no nos pertenecen. Se nos ha dicho cómo debemos gobernarnos, cómo debemos juzgar y cómo debemos vivir.

Esta imposición de significados no es un mero error metodológico, sino también una forma de dominación. Es una herencia colonial que se disfraza de civilidad. Es el viejo reflejo de quienes creen que América Latina —y en especial México— tiene que pedir permiso para ejercer su soberanía.

Ese mismo reflejo está presente en el informe preliminar de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral del 1 de junio pasado en México, en el que, por primera vez, el pueblo eligió de manera directa y libre a las y los integrantes del Poder Judicial. Un hecho sin precedentes y un paso adelante en nuestra democracia participativa, que refrenda el principio fundamental de nuestra Constitución: el pueblo manda.

Pero parece que eso no le gustó a la OEA. Con un tono que recuerda más a los dictámenes coloniales que a una evaluación técnica, se atrevió a sugerir que el modelo que elegimos —el que aprobamos en nuestras leyes y ejerció la ciudadanía con plena legalidad— no debería replicarse. Como si fuéramos menores de edad en el concierto de las naciones, como si no tuviéramos derecho a decidir nuestro propio destino.

Este tipo de juicios no son nuevos. Son parte de una larga historia de intervenciones disfrazadas de observaciones. Recordemos que la OEA no es una institución neutra. Surgió en 1948, en pleno inicio de la Guerra Fría, como un instrumento para contener el avance de las ideologías que Estados Unidos consideraba peligrosas para sus intereses. Desde entonces interviene, presiona e intenta moldear el rumbo de Latinoamérica.

En el Congreso ya hicimos ese extrañamiento, a nombre de millones de mexicanas y mexicanos que no aceptan este tipo de intervenciones y rechazan el contenido y el tono del informe preliminar de la OEA, pues dicho organismo rebasó los límites de su mandato y violó su propio marco jurídico, en particular el artículo 3 de su Carta, el cual establece claramente el derecho de cada Estado a organizarse como le convenga, sin injerencias externas.

También respaldamos la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido clara y contundente al decirle a la OEA que se guarde sus recomendaciones, que no tiene atribución para opinar sobre las decisiones soberanas del pueblo de México. Como nuestra mandataria señaló: la elección es perfectible, sí, como toda democracia, pero es legítima, legal y profundamente transformadora.

Hay algo que debemos dejar muy claro: en México, desde 2018, las decisiones las toma el pueblo. Y este nuevo paradigma democrático implica una profunda transformación de la vida pública que, por supuesto, genera resistencias.

Sabemos que existen muchos sectores e intereses a los que les incomoda que tengamos un Poder Judicial electo democráticamente y que deje de ser coto cerrado de las élites. Pero el pueblo de México dijo ya no más. El pasado 1 de junio habló, y su voz sigue siendo la guía en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Octavio Paz escribió que el mexicano se ve a sí mismo a través de los ojos del otro. Hoy, más que nunca, debemos romper ese espejo, dejar de buscar fuera esa validación. No necesitamos la aprobación de ningún organismo históricamente afín al neoliberalismo y al injerencismo.

Es momento de seguir respaldando a la Presidenta en su defensa de la soberanía y la voluntad popular. No daremos ni un paso atrás y tampoco permitiremos que nos impongan modelos ajenos. La transformación está en marcha y nada ni nadie la va a detener. México ya decidió su rumbo. Y ese rumbo, para quien quiera entenderlo, se llama democracia, se llama dignidad, se llama soberanía.

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