Para documentar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado de 1965 a 1990, contra grupos disidentes, comunidades campesinas y movimientos urbano-populares, líderes y activistas del Frente Popular "Tierra y Libertad" (FPTyL) rindieron testimonio ante el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), en abril del 2023.

  Como resultado de las investigaciones, la Comisión para la Verdad de la Secretaría de Gobernación acaba de publicar el Informe Final "Fue el Estado", donde identifican los casos de violencia política y dan voz a víctimas sobrevivientes para contribuir a conocer la verdad sobre nuestro pasado. 

    Del extenso Informe, estos son 3 casos de la Colonia Tierra y Libertad: 

        "A la par del crecimiento industrial y el desarrollo empresarial de la región regiomontana, también se extendió la inconformidad de amplios sectores de la población que veían afectados sus medios y formas de subsistencia. Surgió así el movimiento de posesionarios conformado por cientos de personas en busca de una vivienda digna. Migrantes de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y del sur de Nuevo León, así como de familias de Monterrey que vivían en condiciones muy adversas en vecindades, vieron en la toma de predios una oportunidad para obtener una vivienda.

        Esta organización y movilización popular fue acompañada por jóvenes brigadistas de la corriente Política Popular, adherentes de escisiones maoístas de la Liga Comunista Espartaco, de las Juventudes del Partido Comunista y secciones del movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como los médicos, que se integraron con los colonos. Si bien hay antecedentes en el movimiento de posesionarios, el punto más álgido es la conformación de la colonia Tierra y Libertad en las faldas del Cerro Topo Chico en 1973.

        La Dirección Federal de Seguridad (DFS) realizó, como en muchos otros Estados, un trabajo de inteligencia y vigilancia de los dirigentes del Movimiento Urbano Popular (MUP). Por su parte, el gobierno de Pedro Zorrilla Martínez (1973-1979) implementó actos represivos, así como dinámicas de cooptación, prebendas, contrapunteo y amenazas por parte de grupos que formaban parte del PRI.

        El 19 de abril de 1973, en la colonia Morelos de Monterrey, hubo un mitin a raíz de un problema grave con el pistolero Margarito Rivera, aliado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), quien cobraba cuotas indebidas y para tener control del predio cercano Genaro Vázquez Rojas balaceó y golpeó a familias. Durante el mitin organizado por la Junta Coordinadora de Colonias Populares (JCCP) con colonos de Tierra y Libertad, la multitud fue atacada por 300 agentes judiciales y policías, armados con gases, garrotes y metralletas. El enfrentamiento arrojó un saldo de tres heridos y cerca de 50 detenidos, quienes fueron torturados, incomunicados, golpeados y mantenidos sin alimentación por varios días. El campamento fue cercado por el Ejército y permaneció así más de un año...

        El 23 de agosto de 1973, por instrucciones del Gobernador Zorrilla, llegó el capitán Rafael Carpio, jefe de la Policía Judicial, con dos patrullas para recuperar un camión de volteo tomado por colonos, que exigían justicia por la muerte de una niña y lesiones a una mujer adulta debido a una pedrera contigua que utilizaba dinamita, pero fueron sorprendidos y despojados de sus vehículos, ya que los habitantes de la colonia los rodearon y apedrearon. En una nota periodística se mencionó que los ´policías fueron recibidos a balazos y resultó herido el policía Francisco Esquivel Vallejo´. Al día siguiente, 24 de agosto, el comandante (Gral. de División Antonio F. Limón Jara) de la 7/a Zona Militar llegó a la colonia para atender el asunto del uso de dinamita...

        El 18 de febrero de 1976 ocurrió una masacre en la colonia Granja Sanitaria: murieron a manos de la policía seis colonos del predio Pancho Villa, quienes se disponían a apoyar a habitantes de San Ángel Norte. Los testimonios refieren al comandante Juan Manuel Urrutia Paura, como responsable de la ejecución de aquellos crímenes. Integrantes del movimiento mencionan que un grupo de activistas intentó expulsar a patrulleros que vigilaban unos postes de luz, los cuales habían tomado. Agregaron que el actuar policiaco fue excesivo al enfrentar con balas las piedras de los colonos y el hecho terminó en tragedia. La DFS reportó nada más a cinco posesionarios muertos: José Nava García de 17 años, Canuto Cruz Galván de 50 años, Rubén Gutiérrez Aguilar de 35 años, Antonio Franco Hernández de 50 años y un hombre no identificado (sería Antonio Olivares López) de 25 años. No reportó a Pablo Hernández García de 28 años ni a más de 15 heridos. Los cadáveres fueron llevados al Anfiteatro del Hospital Universitario..."