Ya son más de 200 mil las solicitudes recibidas por el INE para ser observadora u observador nacional en la elección del Poder Judicial. Los consejeros electorales coinciden que tal cantidad de peticiones es notable y atípica.

De acuerdo con el INE, 26 mil 306 de los solicitantes ya han quedado acreditados, pero 34 mil 773, esto es el 17.3% han sido rechazados.

El hecho es que el organismo electoral ha detectado irregularidades "significativas", lo que incluye el intento de registro de militantes partidistas y servidores públicos vinculados a programas sociales, lo que está prohibido por la ley al tratarse de un proceso electoral que por su naturaleza debe ser estrictamente apartidista.

Acaso esa sea la explicación del atípico aumento de solicitudes de registro para la observación del proceso y del notable porcentaje de rechazados.

El INE decidió implementar un conjunto de medidas tecnológicas y de verificación biométrica para garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso. Además, decidió confrontar los datos biométricos de los solicitantes con los incluidos en el Registro Federal de Electores para evitar cualquier intento de infiltración de actores políticos.

A pesar de las críticas permanentes de personajes como el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, el organismo electoral asegura que dichas medidas serán determinantes para preservar la confianza pública en la elección judicial, ya de por sí afectada por la reciente aceptación del Poder Legislativo de que al menos veinte de los candidatos tendrían algún tipo de vínculo con el crimen organizado.

Ante tal reconocimiento, el consejo general del órgano electoral aprobó anular candidaturas si se confirma que tienen órdenes de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por alguna forma de violencia o deudas de pensión alimentaria.

Organizaciones civiles ya interpusieron demandas contra once de los aspirantes a cargos del Poder Judicial. Son los siguientes:

Andrés Montoya García, aspirante a magistrado en Sonora, hermano del expolicía José Antonio Montoya García acusado de la desaparición del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota; Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez en Nuevo León, quien fuera abogado de Miguel Ángel Treviño Morales alias "Z-40" y Eleazar Medina Rojas alias "El Chelelo", capos de "Los Zetas" extraditados a Estados Unidos; Francisco Herrera Franco, candidato a juez en Michoacán, exfiscal regional vinculado a grupos criminales de ese estado; y Jesús Humberto Padilla Briones, aspirante a juez en Nuevo León, cuyos denunciantes aseguran que fue detenido en 2023 armado y con 17 dosis de droga.

Por vínculos con Naasón Joaquín García, exlíder religioso de la iglesia de "La Luz del Mundo", acusado de violación y lavado de dinero en Estados Unidos, fueron denunciadas las candidatas y los candidatos a jueces Karina Sánchez, Cintia Guadalupe Teniente, Madián Sinaí Menchaca Sierra, Elizari Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Betsabeth Almazán Morales y Cesia Karen León Rocha.

Habrá que darle al INE y a su compromiso con la imparcialidad y la transparencia, el beneficio de la duda.

Instantáneas:

1. ¿NO QUE DEL PUEBLO? El pasado martes 29 de abril, víspera del "Día del Niño y de la Niña", el pleno de la Corte resolvió sobre una serie de temas de interés para la infancia. Dentro de ese paquete, se debatió la acción de inconstitucionalidad 91/2024 promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco en demanda de la invalidez de una adición al artículo 425 párrafo segundo del Código Civil de esa entidad, que establecía que cuando un padre intentara cometer o cometiera feminicidio, se quitaría inmediatamente a los abuelos paternos cualquier derecho sobre la menor, ya fuera para visitarla o para reclamar la patria potestad. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz propuso la invalidez de dicha adición por contravenir, argumentó, el principio de proporcionalidad y por impedir a los juzgadores estudiar la idoneidad de las medidas y emitir una sentencia con base en el bienestar del menor, el cual debería ser priorizado sobre los demás temas. Llamó la atención el voto en contra de la invalidez, sin argumento alguno, de la ministra Lenia Batres. Tal posición, por lo dicho contraria al interés superior de la niñez, se contrapone al discurso que se ha priorizado sobre la cercanía del máximo órgano de justicia del país con el pueblo y los sectores vulnerables. ¿Será que la autonombrada "ministra del pueblo" no está sirviendo a los intereses de la mayoría sino a los propios?

2. ¿DESAFUERO EN PUERTA? Anoche, al cierre de esta columna, estaba por iniciar la sesión extraordinaria "secreta" (así sin tapujos) del Congreso de Sinaloa, convocada a las 20 horas para resolver el eventual desafuero y su consecuente remoción del cargo del presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros acusado del presunto desvío de 171 millones de pesos derivados erogados por el ficticio arrendamiento de patrullas de la policía municipal. El nada bien parado gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya habría solicitado a la presidenta Sheinbaum en reciente reunión del gabinete de seguridad su avala para dar curso al proceso. Se sabe, sin embargo, que el proceso contra el morenista Vargas podría ser consecuencia de las presiones del grupo delictivo de Ismael "El Mayo" Zambada y de los buenos números de aprobación que trae consigo el munícipe de Ahome de cara a las elecciones de gobernador de Sinaloa en 2027, por encima de los del edil de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, "delfín" de Rocha Moya. Quizás éstas sean las razones del secretismo de la sesión de anoche del congreso de la entidad.