En España se castiga el abuso de autoridad; en México se premia. Es así como la falta de democracia se acredita todos los días en nuestro país, con los actos del propio gobierno. Desde el poder se amenaza, se descalifica, se infiltran manifestaciones, se detiene a jóvenes y, de manera reiterada, se exponen datos personales de ciudadanos. Se trata de un patrón de intimidación desde el Estado.

Quiero referirme a dos casos que permiten trazar un paralelismo claro y que exhiben la actitud autoritaria de nuestro gobierno.

Caso 1. El fiscal general de España filtró datos personales y tributarios del novio de una adversaria política. La víctima presentó una denuncia y el caso llegó al Tribunal Supremo, que condenó al fiscal en cuestión: dos años y medio de inhabilitación, multa de siete mil euros y diez mil euros de compensación al ciudadano. Se trató, en sentido estricto, de una violación deliberada a la protección de datos con fines políticos. Y la sanción recayó, como corresponde en una democracia, sobre la autoridad responsable.

Caso 2. En México, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde —exdiputada, exsecretaria de Gobernación y hoy dirigente del partido en el poder— emprendió ataques públicos contra varios jóvenes opositores, pero particularmente contra Edson Andrade. Molesta por la participación de aquél en la llamada "Marcha de la Generación Z", decidió publicar en sus redes sociales un contrato que se habría celebrado entre Andrade y el Partido Acción Nacional. Lo acusó de haber convocado la marcha por instrucciones de su "cliente", una afirmación absurda y sin sustento. Lo grave es que difundió un contrato resguardado por el Instituto Nacional Electoral y, al hacerlo, reveló datos personales que nunca debieron hacerse públicos. Esa exposición generó amenazas contra el joven, quien finalmente decidió salir del país para resguardar su seguridad. En México, la autoridad no protege a la víctima: la exhibe.

En ambos casos, se utilizó información reservada por una institución del Estado para obtener ventaja política: en España, para dañar a una adversaria; en México, para desacreditar una marcha opositora. La comparación evidencia una diferencia esencial. En España, la publicación indebida de datos personales derivó en la inhabilitación del fiscal general, multas y reparación del daño. En México, la dirigente del partido gobernante divulgó un contrato con información confidencial... y el único que sufrió consecuencias fue el ciudadano expuesto.

Mientras en España se sanciona para proteger al ciudadano, en México se expone al ciudadano para proteger al poder.

Allí donde hay instituciones independientes, hay límites. Cuando no los hay, el poder se siente dueño de los ciudadanos.

@Mzavalagc