Escuchar a las madres buscadoras siempre es desgarrador. En sus voces se entrelazan la angustia, la desesperación y el dolor. Lo que más las hiere, además de la ausencia, es la desinformación que rodea cada caso: no saben dónde están sus seres queridos desaparecidos ni por qué se ausentaron de sus familias. Solo tienen imprecisiones, rumores y respuestas evasivas. También tienen esperanza.

"Fue a trabajar y ya no regresó", "dicen que lo/la vieron en...", "las autoridades señalan que tienen algunas pistas, pero no nos han dicho nada...", son frases que se repiten una y otra vez entre quienes buscan a sus desaparecidos con el corazón y con las manos.

La desaparición forzada de personas es un fenómeno social que refleja una profunda crisis de derechos humanos y de seguridad. Implica la pérdida de contacto con una persona de manera involuntaria, sin información clara sobre su paradero ni las causas de su ausencia. A diferencia del secuestro, en la desaparición no hay comunicación con la familia ni exigencia de rescate; solo silencio, incertidumbre y miedo.

Este problema se ha vuelto cotidiano. La desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas forman parte del día a día informativo del país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta marzo de 2025 se registran 123 mil 808 personas desaparecidas y no localizadas en México. En Nuevo León, en el primer semestre de 2025, se contabilizaron mil 506 personas desaparecidas, de las cuales 323 siguen sin ser encontradas. Detrás de cada cifra hay una familia rota, una historia suspendida.

A ello se suma el estremecedor dato de las fosas clandestinas. Según registros oficiales, hasta mediados de 2024 se han localizado más de seis mil fosas en el país, con más de doce mil cuerpos exhumados, muchos aún sin identificar. Cada fosa hallada confirma la magnitud de la tragedia y la profundidad de la crisis forense que vive México.

Pese a ello, la búsqueda no se detiene. En el país existen al menos 234 colectivos de buscadoras y buscadores que, con recursos propios y bajo riesgo constante, recorren terrenos, cerros y caminos con la esperanza de hallar rastros de sus seres queridos. Son, en su mayoría, mujeres que enfrentan al miedo y a la indiferencia con palas, varillas y fe. Ellas representan la dignidad y la resistencia frente a la impunidad.

Las causas de esta tragedia son muchas, pero una de las más graves es la falta de voluntad política para su solución. Las instituciones carecen de personal, equipamiento forense y recursos tecnológicos para realizar búsquedas efectivas e identificar cuerpos. Esto hace urgente la aplicación real de protocolos nacionales de búsqueda que garanticen acciones inmediatas ante cualquier denuncia, reduzcan la burocracia y aseguren la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y fuerzas de seguridad. Los protocolos no deben ser solo documentos administrativos, deben convertirse en herramientas que salven vidas y devuelvan identidad a quienes ya no la tienen.

Se requieren más recursos humanos y financieros, tecnología para la identificación genética, equipos especializados y una coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno. Pero también se necesita algo más profundo: una actitud empática y humana por parte de las autoridades. Escuchar, acompañar y no revictimizar. Las políticas públicas deben centrarse en las personas, no en el cálculo político ni en los votos.

Ante la ineficacia institucional, las organizaciones de la sociedad civil han asumido tareas que deberían corresponder al gobierno. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) brinda acompañamiento legal y psicológico; la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES) y Fuerzas Unidas por Nuestr@s Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León (FUNDENL) ofrecen asesoría jurídica, gestión y consuelo. Estas agrupaciones son un bálsamo dentro del dolor: tejen redes de apoyo y esperanza donde las instituciones han dejado vacíos.

Imagine por un momento que un ser querido desaparece y nadie puede decirle dónde está ni por qué. Que el tiempo pasa y las autoridades callan. Es una pesadilla, pero para miles de familias mexicanas es la realidad cotidiana. Por eso, no podemos dejar el tema solo en el discurso del dolor; se necesitan acciones concretas, voluntad y justicia real.

Las desapariciones no son estadísticas: son historias truncas, son familias heridas que no se resignan. Escuchar a las madres buscadoras no debe ser un gesto de compasión momentánea, sino un compromiso de humanidad y memoria. Porque cada madre que busca nos recuerda que México no puede perder también la esperanza.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com