Conatrib: la factura internacional de la reforma judicial

El 17 de octubre de 2026, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) por haber respaldado la reforma judicial de septiembre de 2024 que sometió los cargos judiciales a elección popular.

El peso del organismo explica el impacto. Fundada en 1953, la UIM reúne a asociaciones de jueces de 92 países. En votación secreta, durante la 68.ª reunión anual de su Consejo Central y con 70 delegaciones presentes, 53 votaron por la expulsión, 13 en contra y cuatro se abstuvieron. La medida obtuvo el 80.3% de los 66 votos emitidos, por encima de los dos tercios requeridos.

Para la UIM, el apoyo de Conatrib a la reforma judicial es incompatible con la independencia y la apoliticidad que exige a sus miembros.

El desenlace era previsible. Tras el pronunciamiento de la Conatrib a favor de la elección popular de juzgadores, en junio de 2024, la UIM abrió un procedimiento de revisión, recibió el informe de la Conatrib en junio de 2025, admitió un escrito del Grupo Iberoamericano en agosto de este año y fijó públicamente su posición en septiembre. La Conatrib defendió la reforma como expresión de la soberanía popular, pero no logró convencer a la mayoría.

La crítica de la UIM no es aislada. En julio de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados envió al gobierno mexicano una comunicación con serias preocupaciones. En agosto se sumaron la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Barra de Abogados de Nueva York y Human Rights Watch, que pidió rechazar los cambios por socavar la independencia judicial; en septiembre, la Barra Internacional de Abogados (IBA) advirtió sobre la velocidad y el alcance de la reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, celebró una audiencia sobre el tema en noviembre de 2024.

Para los negocios, el mensaje es claro. La certeza jurídica y la imparcialidad judicial pesan al decidir dónde invertir, cómo estructurar contratos y dónde litigar.

Desde 2024 se advirtió que la reforma podría tensar la relación con Estados Unidos en el marco del T-MEC, y la expulsión suma un antecedente que analistas, calificadoras e índices de Estado de Derecho podrían tomar en cuenta al medir el riesgo país.

El efecto puede sentirse en operaciones concretas. En fusiones y adquisiciones, los compradores tienden a reforzar la auditoría legal sobre litigios pendientes, exigir declaraciones y garantías más amplias y pactar indemnizaciones o retenciones de precio que cubran el riesgo de resoluciones impredecibles.

En operaciones de financiamiento, los acreedores suelen valorar con mayor cautela la ejecución de garantías ante tribunales locales, lo que puede traducirse en mayores costos, plazos más cortos o estructuras sujetas a ley y foro extranjeros.

Para proyectos de infraestructura y energía, que dependen de contratos de largo plazo y de la relación con autoridades, la confianza en un juez imparcial es tan relevante como la rentabilidad esperada.

Cuando la confianza se debilita, el costo se traduce en mayores tasas, afectaciones en la valuación de las empresas y, en última instancia, el debilitamiento de la competitividad frente a otros destinos de inversión.

El costo institucional es también tangible. Respaldar la reforma costó a la Conatrib su lugar en el principal foro judicial internacional y dejó a la judicatura local sin voz donde se discuten los estándares que deberían protegerla.

Aun así, hay margen para corregir. La segunda parte de la elección judicial, aplazada a 2028, es la oportunidad de ajustar el modelo antes de que se consolide. Conviene revisar el proceso electoral para dotarlo de plazos realistas y mecanismos de fiscalización que eviten la injerencia partidista; reducir el número de candidaturas para que el electorado pueda evaluar los perfiles de manera informada y, sobre todo, depurar los requisitos de acceso con filtros técnicos rigurosos (experiencia jurisdiccional comprobable, exámenes de conocimientos y evaluación de idoneidad a cargo de comités verdaderamente independientes).

Que solo lleguen a la boleta perfiles con capacidad técnica y solvencia probada sería la señal más clara de que México toma en serio la independencia y la calidad de su justicia.

La comunidad judicial internacional sigue de cerca las reformas nacionales y actúa cuando ve comprometidos sus principios.

La independencia de los jueces es un activo económico, no solo jurídico. Una vez comprometida, cuesta recuperarla y su deterioro se refleja en la confianza de quienes invierten en el país.