México está viviendo un momento estelar, un punto de inflexión que marcará a varias generaciones. El próximo 1 de septiembre, por primera vez en 200 años de vida independiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será integrada por ministras y ministros electos directamente por el pueblo. No es un hecho menor ni un simple ajuste en las reglas, sino el fin de una era y el nacimiento de otra.

Durante las últimas décadas, el Poder Judicial se convirtió en una institución blindada, ajena al escrutinio ciudadano, distante de las causas sociales y cercana a los intereses de unos cuantos. La Corte, en particular, se volvió un espacio en donde se decidían los destinos jurídicos del país sin que el pueblo tuviera voz ni voto.

Con frecuencia, vimos cómo sus resoluciones fueron capaces de favorecer a grandes empresarios, a políticos con poder o a grupos de interés. Ahora ese ciclo se cierra, y con ello concluye también una etapa de decisiones controversiales.

Es una transformación profunda, comparable con los momentos fundacionales de nuestra vida republicana. No es casual que la presidenta Claudia Sheinbaum haya calificado este momento como el fin de una era, porque inicia una Corte nacida del mandato ciudadano, con ministras y ministros que deberán conocer la ley, pero que también responderán a una decisión democrática.

Se trata de un tema que ha generado intensos debates, a los cuales damos puntual seguimiento en el Poder Legislativo, convencidos de que la justicia no debe ser privilegio de unos pocos. En lo particular, dicha certeza me llevó a profundizar más en la investigación del tema, y el resultado quedó plasmado en el libro "Breve historia del Poder Judicial de la Federación", un recorrido que abarca desde su fundación, en 1825, hasta la actualidad.

El libro analiza cómo la Corte fue consolidándose en algunos momentos, pero además cómo cayó en crisis profundas, al servicio de regímenes autoritarios o en alianza con élites económicas. Entender ese pasado es esencial para comprender por qué hoy era urgente una reforma de fondo.

Se cierra un ciclo de ministras y ministros que, mayormente, llegaron al cargo por designación presidencial o legislativa, y cuya legitimidad no provenía del pueblo, sino de acuerdos cupulares. Se cierra también la época de sueldos y aguinaldos exorbitantes, autos blindados, escoltas, comidas de lujo y onerosas pensiones vitalicias. Un sistema que parecía más diseñado para proteger privilegios que para impartir justicia.

Pero quizá lo más lamentable fue que, en sus últimas décadas, la Corte se colocó de espaldas al pueblo. Se volvió protagonista de resoluciones que liberaron delincuentes, favorecieron a corporativos y bloquearon reformas de profundo calado social.

Lo que veremos a partir del 1 de septiembre es el inicio de una nueva etapa que exige responsabilidad, vigilancia ciudadana y una ética pública renovada. La legitimidad que otorga el voto popular no es un cheque en blanco, sino un compromiso para construir una justicia accesible, imparcial y congruente con la realidad del país.

México ha despertado. Y la justicia, por primera vez en muchos años, responde al llamado ciudadano. Este momento estelar no debe pasar desapercibido, porque el pueblo ahora se reconoce como protagonista de la transformación judicial.

Todas y todos buscamos lo mismo: que la Suprema Corte deje de ser un símbolo de privilegio, para convertirse en un emblema de justicia democrática, y que el fin de la vieja era sea también el comienzo de una etapa de dignidad, legalidad y profundo compromiso con el pueblo.

El fin de una etapa es, en realidad, el inicio de otra, y en este caso, el inicio de un tiempo de esperanza. La historia no volverá atrás, porque México ya decidió que la justicia se construye desde abajo, con el mandato directo de su pueblo. Ese es el verdadero fin, pero también el verdadero comienzo.

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