Miguel León-Portilla nos dejó varias advertencias que hoy cobran vigencia indiscutible, una de ellas, que la historia no es un lujo sino una necesidad. En su visión, el pasado no debía entenderse como un museo inerte, sino como un cimiento vivo de nuestra identidad. Cada lengua, cada vestigio y cada memoria forman parte de un entramado cultural que pertenece a todas y todos.

Para él, la memoria de los pueblos no podía ser relegada ni convertida en una estampa folclórica; al contrario, debía reconocerse como un elemento esencial de la nación. Gracias a su obra, conocemos con mayor profundidad el pensamiento náhuatl, pero también aprendimos a mirar el patrimonio como un derecho colectivo, no como un bien comerciable. Por eso, cuando observamos piezas prehispánicas que son subastadas en el extranjero como simples objetos decorativos, no estamos frente a un acto inocuo: estamos frente a una forma moderna de despojo.

Hoy, nuevamente vivimos esa realidad. La casa Artemis Gallery, con sede en Colorado, Estados Unidos, anunció la subasta de 47 piezas de arte prehispánico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) las identificó como monumentos arqueológicos muebles, protegidos por la ley mexicana. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, reaccionó con firmeza, denunciando el acto como un atentado contra la memoria y la identidad de los pueblos originarios. Y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: nuestro patrimonio no se vende.

Esta frase también engloba la continuidad de una política cultural que inició con los gobiernos de la Cuarta Transformación, durante los cuales se han logrado recuperar más de 16 mil piezas arqueológicas e históricas que habían sido extraídas ilegalmente.

Al mismo tiempo, en México seguimos descubriendo huellas del pasado. Tan solo en 2024 se registraron hallazgos extraordinarios: bajo la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, apareció un muelle prehispánico que nos habla de la vida lacustre de la gran Tenochtitlan; en Campeche, la tecnología LiDAR permitió mapear el sitio maya Valeriana, revelando una alta densidad poblacional que se desconocía.

Desde 2018, el combate al tráfico ilícito de bienes culturales se convirtió en una prioridad. Se fortaleció la diplomacia cultural, se creó la Comisión Intersecretarial Permanente contra el Tráfico Ilícito de Bienes que Forman Parte del Patrimonio Cultural y se lanzaron diversas campañas. Porque no solo se trata de piezas arqueológicas, hablamos de proteger saberes, lenguas, artesanías y cosmovisiones que dan forma al alma de México.

En abril pasado, el Gobierno de México ya había protestado por la venta de 17 piezas mexicanas realizada por la casa Zemanek-Münster en Alemania. Pese a las gestiones, esas piezas hoy figuran como vendidas.

Por eso, la voz del Estado mexicano es clara y firme. La Presidenta lo expresa con toda contundencia: la cultura y el patrimonio no se negocian, se defienden. No son propiedad privada de coleccionistas, sino bienes comunes que pertenecen al pueblo de México y que deben resguardarse como herencia para las generaciones futuras.

La defensa del patrimonio no recae únicamente en las instituciones. Todas y todos, cada vez que valoramos, visitamos y respetamos un sitio arqueológico; cada vez que transmitimos a nuestras hijas y nuestros hijos el orgullo por las culturas originarias; cada vez que denunciamos un intento de venta ilegal, estamos sumando a esta causa nacional.

Defender el patrimonio es defendernos a nosotros mismos. Es reafirmar que no permitiremos que nuestra historia se fragmente o se convierta en mercancía. Porque el patrimonio es identidad, es raíz y memoria viva.

De ahí la importancia de no mirar con indiferencia este tipo de subastas, porque cada pieza que se arranca ilegalmente del suelo mexicano y se vende como simple mercancía en otro país es un trozo del alma colectiva que se nos arrebata. Por eso, la causa que defiende el Gobierno de México debe ser la de todas y todos: nuestro patrimonio no se vende; se protege, se honra y se defiende.

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