Ante disyuntiva de desaparecer el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales de Nuevo León (INFONL) o reorganizar la estructura estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública, en el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo optamos por promover una enmienda a la Constitución Política del Estado para brindar operatividad a los órganos locales corresponsables en la materia.

        Lo anterior, con apego a la reforma constitucional federal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la cual la Cámara de Diputados extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en diciembre del 2024.

        Siendo esenciales para la democracia tanto la transparencia como el acceso a la información pública, ya que permiten vigilar a los poderes públicos y exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que rindan cuentas, consideramos pertinente establecer nuevos esquemas operativos para los órganos locales corresponsables.

        Nos referimos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCNL), al Tribunal Electoral del Estado (TEE), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Auditoría Superior del Estado, a la Contraloría del Poder Ejecutivo, al Comité de Transparencia del Poder Legislativo y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como a la Fiscalía General de Justicia, a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a efecto de interrelacionar los mecanismos de transparencia y acceso a la información a través de...

        1.- Adecuar en tiempo y forma el marco jurídico estatal en materia de transparencia, derivado de la extinción del INAI.

        2.- Redistribuir las funciones de acceso a la información pública y la protección de datos personales entre las autoridades de la administración estatal.

        3.- Crear un nuevo modelo institucional para garantizar estos derechos constitucionales, así como para sustituir al INFONL.

        4.- Cumplir con la obligación de armonizar el marco constitucional y legal conforme al nuevo esquema nacional.

        Cabe señalar que a la fecha se han presentado cinco iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado, mediante las cuales se han propuesto diversas modalidades, tales como crear una Agencia de Transparencia adscrita al Congreso del Estado o un Organismo Público Descentralizado o establecer las funciones en la materia en las leyes secundarias.

        En un sistema representativo y popular, como el nuestro, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno ejercen un mandato conferido por el voto de la ciudadanía, lo cual los obliga no solamente a actuar conforme a la ley, sino a tomar decisiones responsables para administrar los recursos públicos eficientemente y, más que todo, para rendir cuentas claras y transparentes sobre los resultados de su gestión gubernamental.

        La ausencia de transparencia pública debilita la participación ciudadana y abre resquicios para prácticas nocivas de la corrupción, del abuso del poder y de la desinformación, todo lo cual afecta directamente la confianza ciudadana en sus instituciones y en la calidad de la democracia.

        Cuando la información pública no es accesible, clara o verificable, se limita la capacidad de la sociedad para fiscalizar el trabajo de sus autoridades, lo que reduce los incentivos éticos y morales para una gestión responsable. Y, esto, favorece las decisiones opacas y discrecionales.

        El estudio "Perspectivas sobre la lucha contra la corrupción y la integridad", elaborado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE/2024), demostró que la falta de transparencia está vinculada con mayores niveles de corrupción y menor participación ciudadana, un círculo vicioso donde la opacidad alimenta la desconfianza y debilita la democracia.     

        En ese sentido, la iniciativa que presentamos tiene como objetivo reorganizar la estructura operativa del Estado bajo criterios de racionalidad y austeridad administrativa, buscando eliminar duplicidades y fortalecer la eficiencia institucional, sin que ello implique disminuir las garantías de transparencia y acceso a la información.