Darían hasta 9 años de prisión por reincidir en delitos ambientales

Penas de uno a nueve años de prisión es lo que podrían alcanzar aquellas personas que sean reincidentes en cometer delitos ambientales.

Esto se logro gracias a que el pleno del Congreso local aprobó una reforma al artículo 446 BIS del Código Penal del Estado.

La medida se aplicará para que quien emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas.

La reforma contempla también multas que oscilan entre 30 y 150 cuotas, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado al medio ambiente.

El diputado de Morena Jesús Elizondo Salazar explicó que la falta de un marco normativo adecuado limita la capacidad de las autoridades para sancionar y prevenir este tipo de conductas, lo que afecta tanto al bienestar social como a la conservación de los recursos naturales.

"El estado enfrenta problemas críticos como la contaminación del aire en el área metropolitana de Monterrey, el manejo inadecuado de residuos peligrosos y el impacto a ecosistemas vulnerables".

"Sancionar delitos los ambientales debería ser una responsabilidad compartida, puesto que garantizar un medio ambiente sano es garantizar calidad de vida para los neoleoneses", aseveró.

Elizondo Salazar destacó que está reforma representa un paso importante para cuidar no solo del medio ambiente, sino también de la salud de la ciudadanía.

"Debe haber sanción, porque luego se protegen o luego termina en un moche y no en lo que debe ser que al final pues es eliminar y ahuyentar el que caigan en esas prácticas de contaminar por encima de la norma, dañando la salud".

"Se busca que al haber una reincidencia se puedan aumentar las penas hasta en la mitad de unos nueve años de prisión y una cantidad especificada de multa de cuotas, y esto es sumamente importante para que se pueda disuadir a aquellas personas que actúan fuera de la norma", apuntó.

El morenista indicó que robustecer las leyes nos permite mantener al Estado actualizado y no dar cabida a  qué los delitos queden impunes.

Finalmente, los legisladores coincidieron en la importancia de reformar el marco jurídico en torno al medio ambiente y asegurar sanciones justas.