Crece el desplazamiento forzado en México

En México, el desplazamiento forzado interno por violencia continúa en aumento, pero el país carece de una ley federal que reconozca y atienda este fenómeno, pese a que en los últimos años ha afectado a más de 100 mil personas. 

Desde 2020, el Senado mantiene detenida la minuta aprobada en San Lázaro para crear la Ley General en la materia, lo que impide contar con un marco oficial, recursos y programas de apoyo.

La ley congelada contempla un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional de Atención y un Fondo Nacional para financiar servicios como atención médica, educación, empleo, reposición de documentos y asistencia humanitaria. 

Sin embargo, al no estar vigente, miles de desplazados quedan sin protección federal y sin datos oficiales confiables.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Iberoamericana, esta ausencia legislativa deja en mayor vulnerabilidad a comunidades indígenas, niñas y niños que huyen de la violencia. 

Solo cinco estados cuentan con leyes locales, lo que genera vacíos de atención en el resto del país. 

Además, organizaciones civiles estiman que entre 2006 y 2019 al menos 346 mil personas fueron desplazadas por violencia.

En 2024, el desplazamiento repuntó drásticamente: pasó de 12,623 personas en 2023 a 28,900, un incremento del 129%, según el estudio Travesías Forzadas. Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero registraron la mayoría de casos, impulsados por ataques armados, disputas territoriales y enfrentamientos entre grupos criminales.

Aunque México se adhirió en 2024 al Plan de Acción de Chile para fortalecer la protección de personas refugiadas y desplazadas, la violencia sigue generando nuevos episodios en varias regiones. 

Sin una ley federal operativa, el país continúa sin una respuesta integral que garantice atención, prevención y reparación para la población desplazada.