Siguen siendo impactantes y dolorosas las noticias referentes a la explotación infantil. El incidente reciente del "Niño Sicario", el adolescente de 15 años detenido en Tabasco y considerado "objetivo prioritario" de seguridad, pone de manifiesto la cruel realidad del reclutamiento y la utilización de menores por parte de organizaciones criminales en México. Es un crudo recordatorio de la violencia profunda y generalizada que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país.

La violencia contra menores adopta múltiples formas: reclutamiento por grupos criminales, explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad, esclavitud, maternidad y matrimonio infantil, y en casos extremos, extracción de órganos. Quienes cometen trata infantil captan, transportan o retienen a niñas, niños y adolescentes mediante amenazas o violencia, subordinándolos para fines de lucro y control.

Entre 2020 y julio de 2024 se abrieron 958 carpetas por trata de menores, 740 niñas y 218 niños, el 58 por ciento del total de víctimas, con un 30 por ciento vinculado a explotación laboral o mendicidad. Según Reinserta y REDIM, entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser utilizados para fines delictivos o sexuales, captados desde los 9 a 11 años. De ellos, entre 30 y 40 mil son reclutados anualmente como halcones, transportistas de droga, extorsionadores, sicarios o víctimas de explotación sexual, fenómeno concentrado en al menos 18 estados.

De esta explotación, el trabajo infantil es una de las manifestaciones más cuantificables. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 muestra que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan, equivalente al 13.1 por ciento de su población, un aumento respecto a 2019. Predomina en zonas rurales y estados marginados, afectando salud, educación y futuro. Tres de cada diez, de quienes caen en esta estadística, no asisten a la escuela y solo uno de cada cuatro logra concluir la educación básica.

Por otra parte, desde 2010, la prensa y estudios académicos han documentado de manera continua el reclutamiento y utilización de menores por organizaciones criminales en México, un fenómeno persistente también con variaciones regionales. Aunque no hay registros oficiales completos, los recuentos periodísticos estiman miles de casos, especialmente en Tamaulipas, Sonora, Guerrero y Michoacán. Entre los casos más conocidos destacan Édgar Jiménez Lugo, "El Ponchis", detenido a los 14 años y símbolo del reclutamiento infantil por cárteles; "Juanito Pistolas", abatido en 2019, vinculado al Cártel del Noreste y ahora el "Niño Sicario".

Otra forma de violencia estructural y explotación sexual profundamente arraigadas, son la maternidad y el matrimonio infantil. En 2024, 30 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz con padres significativamente mayores. Estos casos se tipifican legalmente como abuso, pues la ley establece que ningún menor de 12 años puede otorgar consentimiento legal para un acto sexual. Además, en casos de adolescentes (hasta los 18 años), la ley invalida el consentimiento cuando existen circunstancias de poder, coerción o manipulación que anulan su voluntad.

Esta dinámica de poder y abuso legalmente ambiguo se aprecia de igual forma con el matrimonio infantil, que persiste en comunidades indígenas y rurales bajo el amparo de "usos y costumbres". Según el INEGI, más de 200 mil niñas entre 12 y 17 años estaban casadas o unidas informalmente en 2020. A pesar de que el Código Civil Federal prohíbe los matrimonios antes de los 18 años, subsisten vacíos legales en varias entidades (solo Tamaulipas y Sonora han eliminado todas las excepciones), lo que permite que esta unión se configure como una forma de trata al someter a las menores a explotación sexual y subordinación total.

La trata no es un problema exclusivo de México. Según la ONU, uno de cada tres víctimas de este delito en el mundo es menor, con el doble de probabilidad de sufrir violencia extrema frente a un adulto.

No podemos seguir como simples espectadores ante esta problemática. Es urgente fortalecer la prevención, la detección y la denuncia; exigir justicia y una actuación firme de organismos como el SIPINNA. Debemos visibilizar la trata infantil, cambiar las narrativas culturales que la normalizan y promover políticas públicas efectivas, con enfoque de infancia, derechos humanos y perspectiva de género.

Este fenómeno trasciende lo social: siembra una espiral de violencia que destroza a quienes la sufren, desgarra familias y comunidades, y arrebata a la niñez no solo su presente, sino también la esperanza de un futuro digno, libre y pleno. Solo con un compromiso real para erradicar la indiferencia, fortalecer la prevención y garantizar justicia podremos protegerlos y asegurarles condiciones para crecer sin violencia.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com