El viernes 26 de septiembre se cumplen once años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ´Raúl Isidro Burgos´ de Ayotzinapa y a pesar de inagotables esfuerzos por develar la verdad y hacer justicia, los responsables siguen impunes y para el pueblo la herida continúa abierta.

        La decepción y molestia de madres, padres, familiares y amistades de los normalistas desaparecidos y asesinados en el municipio de Iguala, Guerrero, tiene sobrada justificación por la falta de resultados y porque hasta hoy prevalece la injusticia y la impunidad.

        Resulta inverosímil que a lo largo de once años de poco haya servido la detención de más de 391 involucrados en la desaparición, de los cuales 151 están detenidos y procesados bajo prisión preventiva.

        Lo más grave es la telaraña de complicidades que se tejió, ya que entre los detenidos están cinco ex funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam, así como el ex presidente  municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda -quienes fueron liberados recientemente-, además 16 elementos del Ejército, un elemento de la Marina, 88 policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, doce policías federales y diez policías estatales. Hay otros 60 detenidos vinculados con el caso, entre ellos 39 sujetos ligados con la organización criminal Guerreros Unidos.

        Pese al dolor, sufrimiento y desgaste, alienta ver la entereza de mamás y papás y escucharlos que van a luchar hasta que el Gobierno les diga la verdad y les entregue a sus hijos con vida. Mas, lamentamos oírlos asegurar que están como desde el principio: en completa indefensión contra la impunidad.    

        Aquella noche del 26 de septiembre del 2014, los estudiantes normalistas ´tomaron´ varios autobuses en el municipio de Iguala para trasladarse a Ciudad de México, con el fin de participar en la manifestación del 2 de octubre, con motivo de un aniversario más de la matanza estudiantil de Tlatelolco.

        En el trayecto se toparían con la policía municipal, que del intercambio de insultos pasaría a los balazos contra las pedradas de los normalistas. Los policías también abrirían fuego contra el autobús del equipo de fútbol los Avispones de Chilpancingo, que pasaban por el lugar y que presuntamente pidieron ayuda a los militares de la zona, quienes habrían respondido que no era su "jurisdicción". En ese violento escenario seis personas morirían asesinadas, 25 resultarían heridas y 43 estudiantes desaparecerían. 

        Los sangrientos hechos de Ayotzinapa no fueron aislados, sino parte de un patrón de represión, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Evidenciaron la descomposición del régimen político, al grado que la propia representación de México en la ONU los condenó como de "extrema gravedad" y "los más terribles de los tiempos recientes". Hasta el 6 de octubre, el entonces presidente Enrique Peña Nieto manifestó su consternación y externó que los sucesos eran "indignantes, dolorosos e inaceptables".

        Una vez iniciadas las investigaciones por la PGR, la versión oficial fue que elementos de la policía entregaron a los estudiantes al cartel Guerreros Unidos. El Procurador revelaría que el grupo criminal incineró a los estudiantes en el basurero municipal de Cocula, para después tirar los restos al río San Juan. A este relato lo llamó la "verdad histórica", refutada desde un principio por expertos y familias, cuya exigencia de justicia no ha cesado en once años.

        Cabe reconocer al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que desde el año 2015 investigó los trágicos hechos y denunció en reiteradas ocasiones la obstrucción por parte de oficinas gubernamentales para acceder a sitios o a funcionarios que podrían rendir información valiosa.

        La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene una deuda pendiente con madres y padres de los jóvenes normalistas y la asumió con el compromiso de extraditar de Israel a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), por torturar testigos y ocultar pruebas del caso y, sobre todo, trabajar con un nuevo equipo en el ´corazón´ de la investigación e incluir procesos científicos en el análisis de la telefonía celular.

        En la causa por la verdad y por la justicia todas las instituciones del Estado Mexicano deben redoblar esfuerzos para que la atrocidad no quede impune y nunca más se repita ¡La lucha por los estudiantes de Ayotzinapa sigue y sigue! Unámonos a sus madres y padres hasta que la proclama de "¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!" se haga realidad.