Tener un sistema de salud universal es un sueño compartido por todos los mexicanos, una aspiración que se vuelve urgente ante las persistentes deficiencias del servicio nacional. En las últimas décadas, México ha transitado por el Seguro Popular, el INSABI y ahora el IMSS-Bienestar. Sin embargo, ninguna de estas transiciones ha logrado consolidar una operación eficiente. 

La realidad es que las instituciones pilares, como el IMSS y el ISSSTE, enfrentan un deterioro crítico en su infraestructura, equipamiento y abastecimiento de medicinas, lo que impacta directamente en la calidad de atención que recibe el usuario. Actualmente, el ISSSTE atiende a cerca de 13 millones de personas y el IMSS a 74 millones, mientras que el IMSS-Bienestar busca dar cobertura a más de 50 millones de mexicanos que carecen de seguridad social laboral debido a la informalidad. 

Ante este panorama, la propuesta de la presidenta Sheinbaum de unificar el sistema para que los beneficiarios sean atendidos en cualquier unidad médica suena prometedora, aunque complicada. Esta integración plantea un dilema de equidad y sostenibilidad financiera. Si el sector informal no aporta cuotas, el subsidio total puede estimular la informalidad. Termina siendo un beneficio social de la 4T que no resuelve el financiamiento de fondo. 

A nivel global, los referentes han resuelto el financiamiento bajo distintas ópticas. En el Reino Unido, el servicio médico es un derecho ciudadano financiado por impuestos generales. Esto desvincula el acceso del estatus laboral y evita que la salud sea un incentivo para la informalidad. Taiwán destaca por un modelo de seguro nacional obligatorio altamente tecnológico que asegura que cada ciudadano aporte según su ingreso real. En Europa, el modelo alemán apuesta por seguros obligatorios donde el Estado subsidia a los vulnerables, pero mantiene una estructura de corresponsabilidad que fomenta la formalidad laboral.

En contraste, los países con regímenes de izquierda han optado por modelos de control estatal absoluto con resultados mixtos. Cuba sostiene un sistema universal y preventivo que es referente en medicina comunitaria, aunque hoy padece carencias de insumos básicos. China ha expandido su cobertura a casi toda su población mediante seguros subsidiados, pero enfrenta una brecha abismal de calidad entre zonas rurales y urbanas. Rusia mantiene un modelo de seguro obligatorio que garantiza acceso universal, pero lucha constantemente contra la obsolescencia técnica y la burocracia.

En Latinoamérica la situación es contrastante. Brasil sostiene un sistema único gratuito, pero crónicamente saturado, Chile y Colombia enfrentan debates profundos sobre cómo integrar lo público y lo privado sin quebrar las finanzas estatales ni incentivar que la población abandone el empleo formal para evitar el costo de la seguridad social.

Lograr la universalidad en México no es sencillo. Menos cuando la OCDE señala que nuestro país mantiene uno de los niveles más bajos de gasto público en salud como porcentaje del PIB, por debajo del promedio latinoamericano. Datos recientes del CONEVAL evidencian que el acceso a los servicios de salud ha sufrido un retroceso significativo. El aumento de la carencia por acceso refleja una brecha creciente entre el marco legal de universalidad y la capacidad operativa real. 

Esta fragmentación del sistema perpetúa una atención desigual que condiciona la calidad del servicio al estatus laboral, alejándonos del ideal de una cobertura efectiva y equitativa. No se trata solamente de implementar un expediente tecnológico único —herramienta que será fundamental—, sino de rescatar la infraestructura, mejorar la atención y garantizar el abastecimiento de medicinas, áreas donde el gobierno ha quedado a deber. La deficiencia es tal que el sector privado y los seguros de gastos médicos se han convertido en un negocio boyante ante la incapacidad del Estado. 

Si se busca la gratuidad total, el costo fiscal es impagable sin reforma hacendaria. Si se busca contribución universal proporcional, el reto es fiscalizar al sector informal. El camino es largo. Hoy pesa más la narrativa electoral que la viabilidad técnica.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com