En "La República", Platón advertía que el orden político solamente se sostiene cuando la polis es capaz de preservar su equilibrio frente a las presiones internas y externas que pretenden deformarlo. Más de dos mil años después, esta reflexión sigue teniendo una incómoda vigencia.

México conoce bien esa lección. En el siglo XIX, nuestro país enfrentó una de las agresiones más severas contra su soberanía, con la política expansionista impulsada por el entonces presidente estadounidense James K. Polk. Actualmente, los métodos son distintos, pero la lógica permanece. Ya no son cañones ni tropas cruzando fronteras; el neopolkismo contemporáneo, como hemos señalado con anterioridad, opera de manera más sofisticada y silenciosa.

Ahora se mueve en plataformas digitales, en campañas negras, en financiamientos opacos, en granjas de bots, en presiones internacionales diseñadas para moldear la percepción pública.

Por todo ello, presenté una iniciativa para incorporar de manera expresa en nuestra Constitución una nueva causal de nulidad electoral cuando se acredite la intervención extranjera en los procesos democráticos mexicanos.

La reforma no limita el debate público ni inhibe la crítica, pero sí busca impedir que intereses externos intervengan en forma ilegal para alterar la voluntad popular.

En el fondo, la propuesta obedece a una pregunta elemental: ¿debe o no haber intervención extranjera en nuestras elecciones? Quienes se niegan siquiera a discutir esta reforma terminan aceptando, consciente o inconscientemente, que actores externos puedan financiar campañas, influir en candidaturas o alterar la conversación pública mexicana desde el exterior.

No debemos permitirlo. La defensa de la soberanía es uno de los pilares de la Cuarta Transformación. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sido firme en ese principio desde el primer día de su gobierno: cooperación sí, subordinación no; diálogo sí, injerencia no.

La soberanía electoral es la garantía de que cada voto emitido tenga el mismo valor, sin manipulación externa, sin dinero extranjero y sin campañas diseñadas fuera de nuestras fronteras para alterar la voluntad popular.  En tiempos en que las amenazas ya no llegan necesariamente en barcos o ejércitos, defender la soberanía también implica cuidar nuestras elecciones, puesto que un país que pierde el control de su democracia termina perdiendo también, tarde o temprano, el control de su destino.