Quizá el indicador de desarrollo más efectivo de un país es su capacidad de evolución, es decir, el grado en que una nación logra transformar sus estructuras económicas, sociales e institucionales para responder a los desafíos del presente —como la desigualdad o el cambio climático— y aprovechar las oportunidades futuras, manteniendo y elevando la calidad de vida de su población. 

En la percepción colectiva, "evolución" suele asociarse a modernizar, pero implica mucho más que adoptar tendencias. Supone una transformación sostenible, con visión de futuro, y una predisposición cultural a un proceso continuo que no tiene fin. Esto exige cambios profundos en la organización social, la ética pública y la forma en que se ejerce el poder, garantizando que el avance sea integral y no deje atrás a ningún sector; por ello, la integridad social y el estado de derecho son determinantes.

Aunque no existe un índice oficial de la capacidad de evolución, los especialistas la aproximan a seis indicadores clave, que funcionan como los motores del cambio. Estos son: 1) la adaptabilidad estructural, que mide la capacidad del sistema económico y normativo para ajustar sus estructuras productivas ante cambios globales sin perder cohesión; 2) la innovación, referida a la creación y aplicación de conocimiento nuevo que mejora productividad y bienestar; 3) la equidad, que garantiza la distribución justa de oportunidades y recursos, inclusión y movilidad social; 4) la sostenibilidad, que busca el equilibrio entre crecimiento económico, preservación ambiental y bienestar social; 5) la gobernanza eficaz, entendida como la capacidad institucional para coordinar políticas, garantizar el cumplimiento de la ley y fomentar la confianza ciudadana, pues sin ella las demás dimensiones pierden continuidad; y finalmente, 6) la visión futura, que representa la capacidad estratégica de anticipar y planificar con enfoque de largo plazo. Este último es el componente que convierte la adaptación en verdadera evolución, no solo en reacción. 

A todas estas dimensiones positivas se suma la resistencia al cambio, entendida como el conjunto de fuerzas culturales, institucionales y políticas que dificultan o ralentizan la adopción de transformaciones estructurales, actuando como el factor inhibidor de la capacidad evolutiva.

A partir de estos ejes, y con el fin de cuantificar este fenómeno conceptual, solicité a una herramienta de IA un modelo y fórmula para estimar esta capacidad en México. 

El ejercicio integró 23 variables de fuentes confiables (ONU, OCDE, Banco Mundial, INEGI) y el resultado fue revelador: la capacidad de evolución de México se ubicó inicialmente en 5.2/10, un nivel medio. Esto confirma que, si bien el país presenta fortalezas —una economía abierta, creciente atracción de inversión extranjera y potencial de digitalización e innovación— que podrían acelerar el proceso si se gestionan con visión de largo plazo, también enfrenta limitaciones estructurales que reducen la velocidad y profundidad de su transformación sostenible.

Los desafíos estructurales son profundos y justifican la calificación media. En el ámbito económico-social, la baja tasa de desempleo formal convive con una alta informalidad, que limita la productividad y la seguridad social, sumada a una baja calidad educativa y servicios de salud desiguales. Los principales retos son la escasa inversión en ciencia y tecnología, la desigualdad persistente, la debilidad institucional, la impunidad y la falta de visión estratégica sostenida.

Al modelo inicial se agregaron dos variables transversales: talento (calificación de 6) y corrupción (calificación de 3). Con estas, la capacidad de evolución se ajustó ligeramente a la baja, situándose en 5.0/10. 

El talento nacional impulsa el cambio con una población joven y adaptable. Sin embargo, la corrupción actúa como un freno estructural que erosiona la confianza, distorsiona los incentivos y desalienta la innovación. En términos simples, el talento empuja hacia el futuro, pero la corrupción lo retiene en el pasado.

México evoluciona, pero no al ritmo necesario para cerrar sus brechas estructurales. El reto hacia 2030 será consolidar una visión de largo plazo que articule innovación, justicia social y sostenibilidad ambiental dentro de un marco institucional sólido y confiable. Se tiene el talento necesario para lograrlo.

Este resultado es la confirmación de algo que se intuye y se vive: México evoluciona, pero a pasito tun-tún.

P.D. Los diálogos con herramientas de IA son útiles mientras el usuario los guíe con pensamiento crítico, valide los datos y, sobre todo, reflexione. Es una aliada poderosa, pero el juicio final es humano. 

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com