Opinión Columna


¡Definir el rumbo de Nuevo León!


Publicación:26-10-2026
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La organización de las elecciones en México se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Dichos principios no son simples directrices administrativas o disposiciones legales, sino auténticas garantías constitucionales destinadas a proteger la libertad del sufragio popular, la equidad en las contiendas y la legitimidad de los procesos democráticos.

La ciudadanía, las autoridades electorales, los partidos políticos, las personas candidatas, las organizaciones civiles e, incluso, los agentes externos están obligados a respetar los principios rectores de la función electoral, bajo condiciones de autenticidad y transparencia.

Por ello, como Partido del Trabajo nos hemos manifestado por el fortalecimiento de la democracia durante el proceso electoral 2026-2027 actualmente en marcha, con apego a los plazos de inicio y de término previstos por la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a efecto del cabal desarrollo de las actividades electorales a nivel estatal y municipal de manera calendarizada, ordenada y cronológica.

Asumimos con plena responsabilidad y convicción para que, en esta nueva jornada popular, ningún interés personal o político-partidista pueda colocarse por encima de la decisión ciudadana.

Estamos ciertas que a partir del pasado martes 6 de octubre no dio comienzo solamente un nuevo calendario electoral, sino un proceso que se distinguirá por la participación, la legalidad y el respeto al voto.

Sin perjuicio de los ajustes que se deriven por los movimientos ocurridos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las autoridades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León deberán proseguir el proceso para renovar la gubernatura, las 42 diputaciones del Congreso del Estado y los 51 ayuntamientos, en concurrencia con el proceso federal para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados.

Nuevo León ha experimentado importantes transformaciones sociales y demográficas, con una ciudadanía que será convocada nuevamente a las urnas para decidir quién va a representar su gobierno estatal en el próximo sexenio y sus gobiernos municipales en el siguiente trienio. 

En la lista nominal de electores del INE están inscritos 4.8 millones de nuevoleoneses, para quienes se prevé la instalación de siete mil 879 casillas. Pero, una democracia no se fortalece por el número de quienes tienen derecho a votar, sino por quienes deciden votar, ya que cada voto representa una decisión personal y con la suma de millones de decisiones se construye la voluntad colectiva que habrá de definir el rumbo de Nuevo León.

En una democracia constitucional, como la nuestra, la libertad del voto no depende únicamente de la posibilidad formal de acudir a las urnas, sino también de que la ciudadanía pueda formar su propia voluntad política, libre de engaños deliberados, de manipulaciones tecnológicas o de mecanismos artificiales destinados a alterar su percepción de la realidad.

  De ahí la importancia de combatir los delitos electorales cibernéticos o digitales y todas aquellas conductas ilícitas que utilizan los tecnólogos del internet y de la informática para alterar, coaccionar, desinformar o interferir en los procesos electorales y en la libertad del voto.

A diferencia de los delitos electorales tradicionales (como la compra de votos, la promesa de dinero o bien la violencia o amenaza de quitar los beneficios de programas sociales), las nuevas modalidades digitales representan un reto por su anonimato, velocidad de propagación y alcance masivo.

Son los llamados delitos electorales con base en los softwares de escrutinio o algoritmos de votación, que ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

 El compromiso de las autoridades será garantizar la certeza, de los partidos respetar las reglas, de las y los candidatos ser responsables y de la ciudadanía ejercer el derecho a decidir.

Fortalecer la democracia implica que cada voz se exprese, que cada voto se respete y que la decisión sea de la gente.





« Lupita Rodríguez Martínez »