En Nuevo León la población de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad es de 1.2 dos millones, de los cuales 75 mil están ocupados en algún tipo de trabajo.

Sin embargo, de dicha población infantil que trabaja, más de 62 mil laboran por debajo de la edad mínima en ocupaciones y actividades peligrosas no permitidas por la Ley Federal del Trabajo.

Los datos anteriores son parte del reporte "Trabajo Infantil en Nuevo León", elaborado hace tres años por la entonces Secretaría de Economía y Trabajo, donde retoman diversas definiciones sobre trabajo infantil, entre ellas la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber:

"Todo trabajo que priva a niñas, niños y adolescentes de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico".

Debido a que no todas las tareas realizadas por menores de 17 años de edad deben clasificarse como trabajo infantil, la OIT elimina las actividades que se prestan a padres y madres en el hogar, la colaboración en algún negocio familiar o tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero con el fin de ayudar al hogar o para su propio bolsillo.

Estas actividades, no consideradas labores que atenten contra su salud, ni su desarrollo personal, ni interfieren en su educación, son positivas y provechosas al proporcionar experiencias que les ayudan a prepararse para ser personas productivas de la sociedad en la edad adulta.

Pareciera que esta situación justificara lo que nuestra Constitución Política local dispone en su Artículo 36, en cuanto a que la niñez nuevoleonesa tiene derecho a un estado de bienestar físico, mental, emocional e inclusivo, a la satisfacción de sus necesidades de salud, alimentación, educación, desarrollo, identidad, sano esparcimiento y a la preparación para el trabajo, con el propósito de llevar una vida digna y libre de violencia en la convivencia social y familiar. Empero, lamentablemente persisten condiciones que conllevan a la explotación del trabajo infantil.

Fue por ello, que suscribimos una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, promovida por la titular de la oficina "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez Cantú, con el objeto de tipificar el delito de explotación laboral infantil.

En razón de que más de 62 mil menores de 17 años de edad corren graves pero prevenibles riesgos por laborar en condiciones inadecuadas, tanto en espacios públicos como privados, tales como cruceros de avenidas y calles, así como espacios de plazas y mercados, estamos de acuerdo en que la explotación laboral infantil sea tipificada como delito autónomo.

Lo anterior, más aún cuando en múltiples casos se advierte la presencia de personas adultas que obtienen beneficios económicos directos del trabajo infantil, ya que esto constituye una forma clara de explotación.

De dictaminarse y aprobarse la iniciativa, los responsables de cometer este tipo de delito serían sujetos a una sanción de dos a seis años de prisión y a una multa de 500 a mil cuotas proporcionales a la gravedad del hecho.

Igualmente, cuando esta conducta sea cometida por padres, parientes, tutores o personas con responsabilidad legal sobre el menor, se les aplicarían agravantes como la pérdida de la patria potestad o de la tutela, pérdida que sería definitiva en caso de reincidencia del responsable sobre la víctima.

Suscribimos además la iniciativa porque cuando la Fiscalía General de Justicia tenga conocimiento de hechos que puedan constituir delito de explotación laboral de menores, deberá dar aviso de forma inmediata al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF-NL), para activar los mecanismos de protección y restitución de derechos de las víctimas; es decir, programas sociales, educativos, asistenciales y de acompañamiento.

Combatir la explotación laboral de menores implicará que estas nuevas disposiciones legales sean aplicadas con todo rigor y ¡cero tolerancia! contra los explotadores hasta desmantelar las redes de trata infantil. En Nuevo León ahora y siempre debemos atender al interés superior de la niñez, así como proteger y defender sus derechos humanos.