Llegamos al segundo año de gobierno y la sensación de malestar persiste. Los avances que presume la administración no se traducen en mayor bienestar para una parte importante de la población. Mientras para la Presidencia todo va muy bien, para la ciudadanía no necesariamente es así.

El ciudadano evalúa al país con indicadores muy concretos: el costo de la vida, la calidad de los servicios médicos, la seguridad en su entorno, la calidad del empleo y la corrupción percibida. Lo que escucha, observa y vive no siempre coincide con la narrativa oficial, centrada en contrastar los logros de la 4T con el pasado neoliberal y manejar los números a conveniencia.

El Segundo Informe de la presidenta incluyó un listado de logros sin contrapesos que permitan dimensionar el avance real. Como siempre, hubo referencias a "vicios del pasado" que la 4T ha superado. Hubo datos positivos como el promedio diario de homicidios que pasó de 86.9 a 42.5, una caída de 51 por ciento; la inflación anual que se ubicó en 3.26 por ciento en la primera quincena de agosto; la Inversión Extranjera Directa que alcanzó casi 35 mil millones de dólares —aunque mayormente por reinversión de utilidades y no por capital fresco— y el salario mínimo que escaló de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 en 2026.

La pobreza laboral también registra su nivel más bajo para un segundo trimestre con 31.9 por ciento en 2026. Aun así, 41.8 millones de personas viven en hogares cuyo ingreso laboral no alcanza para la canasta alimentaria. Sin embargo, hay otros que datos preocupan que parecen no dimension arse y de los que no se habló. De casi 60 millones de personas ocupadas, 55 por ciento labora en la informalidad — 33.1 millones— sin seguridad social ni prestaciones. El crecimiento estimado de la economía es de 1.5 por ciento para 2026, tras un modesto 0.5 por ciento en 2025. El reto sigue siendo generar empleo formal, estable y mejor remunerado.

Las personas desaparecidas superan las 135 mil; la falta de información sobre su paradero mantiene abierta una herida que el Estado no ha logrado cerrar. Pareciera que no hay voluntad. El crimen organizado sigue como eje crítico.

El discurso oficial privilegia operativos, detenciones y decomisos, mientras persisten dudas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad y los presuntos vínculos políticos. Continúan los cambios en el entra mado institucional. La elección popular de juzgadores, las nuevas reglas electorales y las modificaciones en materia de medios siguen generando dudas sobre la autonomía institucional y su impacto en la democracia.

Permanece el robo y tráfico ilegal de combustibles. El huachicol —incluidos esquemas de contrabando fiscal— involucra corrupción, crimen organiza do, redes empresariales y pérdidas al erario. La pregunta ciudadana no es cuánto se decomisa, sino quién permitió operar esas redes y quién se benefició.

La corrupción sigue como desafío central. Casos recientes al interior de Morena y "los famosos 10" que reclama el gobierno de Estados Unidos ponen a prueba la capacidad del gobierno para investigar y sancionar a correligionarios. Sin indagatorias concluyentes y consecuencias visibles, persistirá la percepción de blindaje político.

A nivel externo, están las presiones de Estados Unidos por el fentanilo, las amenazas arancelarias y la revisión del T-MEC, desafíos que no se resuelven apelando solo a la soberanía. Tampoco se habló de los rankings internacionales en los que México cayó. Ni los indicadores en los que México registra retroceso como la edu cación.

Aunque la presidenta mantiene una aprobación de 68 por ciento según El Financiero, solo 14 por ciento tiene opinión favorable sobre el combate a la corrupción, 13 por ciento sobre seguridad y 11 por ciento frente al crimen organizado.

La popularidad no equivale a satisfacción en los problemas que más lastiman. Hay desafíos relevantes que ponen a prueba el modelo de gobernanza y la capacidad de cerrar la brecha entre el discurso oficial y la vida cotidiana. En un ejercicio de rendición de cuentas debe prevalecer el equilibrio de la información y sobre todo, el sentido crítico; no es una actividad para elogiar a la presidenta.

Como ha señalado Francis Fukuyama, la confianza es clave para el funcionamiento de las sociedades. En esa materia, la deuda de la 4T es grande. La confianza no se decreta con discursos; se construye cuando el ciudadano vive mejor y comprueba que la ley se aplica por igual; cuando el gobierno admite errores, presenta resulta dos que pueden ser auditables y cuan do nadie está por encima de las instituciones.

Ese es quizá el verdadero reto de los próximos años: no convencer a base de narrativas de que todo va bien, sino demostrar disposición para reconocer lo que falla y actuar para corregirlo. Los hechos hablan por sí mismos.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.co