En 2024, Bernardo Kliksberg definió la desprotección infantil como un "escándalo ético inadmisible". Tiene razón. En México, ese escándalo tiene una particularidad ya que no ocurre por falta de leyes, sino por la brecha abismal entre la norma escrita y la realidad ejecutada. 

Hemos avanzado. Los modelos de Atención Temprana marcaron la transición de un esquema asistencial a una política de desarrollo humano. Mediante el trabajo focalizado de universidades y el impulso de fundaciones como FEMSA y Fundación Slim, hoy México entiende que los primeros años definen el neurodesarrollo. No es un servicio de salud; es una estrategia de equidad. 

El SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) formalizó otro cambio de fondo al reconocer a los menores como sujetos de derechos. Con asistencia técnica de UNICEF y el BID, y la mirada puesta en el PRONAPINNA 2025-2030, el Estado busca transitar de la norma al resultado medible, integrando incluso protocolos para entornos digitales.

Hasta ahí, el expediente es impecable. El problema está en la ejecución. Nuevo León ilustra esta situación. Por un lado, municipios como Monterrey cuentan con equipos técnicos multidisciplinarios que dictan medidas de protección inmediatas, operan con expedientes digitales y coordinan directamente con la Fiscalía. Pero la otra cara del Estado está a 200 kilómetros; en municipios del sur como Doctor Arroyo o Mier y Noriega, la Defensoría opera con personal mínimo, sin psicólogos de planta y a horas de distancia de un albergue. Ahí, un derecho tarda días en llegar. Y en días, una infancia se pierde.

Un derecho que no se ejecuta en el municipio no existió para el niño que lo necesitaba. 

La protección de la infancia es la inversión más inteligente que un país puede hacer, pero solo si llega al territorio. Si no, es letra; y la letra sin ejecución es la forma más burda de la omisión. El reto, entonces, no es legislativo. Es lograr que la capacidad operativa de los municipios metropolitanos deje de ser una excepción de operatividad para volverse el estándar nacional. 

Eso exige tres condiciones: presupuesto etiquetado que no dependa de la voluntad del alcalde, servicio civil de carrera para los defensores, y métrica pública por municipio. Sumar a la iniciativa privada y a organismos internacionales ha sido clave; para el siguiente tramo se requiere voluntad política sostenida y presión ciudadana que no normalice el rezago.

Tenemos SIPINNA, PRONAPINNA y leyes modelo. Lo que no tenemos en más de dos mil municipios mexicanos es una Defensoría que llegue antes de que el daño sea irreversible. 

Los hechos son reveladores de esta ausencia: en México, 5 de cada 10 menores de 6 años viven en condiciones adversas que limitan su desarrollo (6.2 millones de niños); y 6 de cada 10 menores de 14 años sufrieron disciplina violenta en el último mes, según la ENSANUT. Además, solo 4 de cada 10 menores de 5 años tienen un desarrollo infantil temprano adecuado, mientras la cifra de trabajo infantil alcanza los 3.7 millones. 

El papel no protege. Por eso, el 30 de abril no puede ser discurso. Tiene que ser auditoría: ¿cuántos municipios ejecutaron realmente lo que la Ley General de los Derechos de NNA les exige desde 2014?

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com