Si bien el derecho al trabajo es una materia de constantes cambios por la tensión permanente en la relación obrero-patronal, los avances tecnológicos y la dinámica económica industria y comercial, el papel de la justicia laboral vive momentos de acercamiento a las demandas históricas de la clase trabajadora a partir de la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

        Debido al inédito encuentro entre dirigentes de diversos sindicatos y los nuevos ministros de la SCJN, como una primera acción del Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se abre un espacio de diálogo que rompe con la tendencia de privilegiar a los sectores gubernamental y patronal, que llegó al grado de obstaculizar derechos laborales, como el legítimo ejercicio de la huelga.

        Desde antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, la cual instauró nuevas reglas de la democracia sindical y otorgó mayor peso a trabajadoras y trabajadores en la elección de sus representantes, el derecho a huelga había sido soterradamente impedida bajo el pretexto de la ´paz laboral´, para mantener la estabilidad social y proteger intereses económicos del país.

        A lo largo de la historia de las luchas sindicales se ha comprobado que la huelga es un derecho legítimo e indispensable para alcanzar la justicia laboral. Se trata del último recurso de ley para hacer valer derechos y conquistar mejores condiciones de trabajo, incrementos salariales justos, reestablecer contratos colectivos equitativos y reconocer dirigencias electas democráticamente.

        Las históricas huelgas de mineros de Cananea, Sonora (1906) y de textileros de Río Blanco, Veracruz (1907), que detonaron la Revolución Mexicana y cristalizaron el derecho a la sindicalización y a la jornada de 8 horas en la Constitución de 1917, así como las estalladas últimamente en Sombrerete, Zacatecas (2017), en el Nacional Monte de Piedad (2021), en la siderúrgica Acelor Mittal en Michoacán y en la empresa automotriz Audi en Puebla (2024) y los paros y protestas de maestras y maestros del CNTE en diversas partes del país, para exigir la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE y la restitución de derechos, comprobaron ser actos de resistencia contra injusticias patronales y también acciones organizadas contundentes para cambiar condiciones reales de trabajo frente a quienes buscaban limitar derechos laborales.

        La expectativa de tener una Corte para la clase trabajadora como motor vital de la transformación social, política y económica, con la participación de sindicatos democráticos, progresistas y combativos, surge en contrate con las estructuras corporativas y burocráticas del modelo económico neoliberal.

        A pesar de la reforma laboral del 2019, todavía existen señalamientos de que aún no ha producido cambios en materia de representación sindical, pues prácticamente los rostros al frente de las organizaciones son los mismos. Pero, la democracia laboral ya empezó a librar batallas con el voto libre, personal, directo y secreto de las y los trabajadores para la elección de líderes sindicales auténticamente progresistas en las negociaciones colectivas y para erradicar el ´charrismo sindical´ sumiso y corrupto al gobierno o a los patrones.

        En la agenda de renovación y democratización sindical además se han librado batallas no sólo por mejores salarios, sino por la equidad de género para avanzar en una mayor participación de las mujeres en directivas sindicales y en la transparencia financiera para combatir las corruptelas.

        Todos estos avances del sistema de justicia laboral mexicano no son resultado exclusivo de la política de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino de la presión social sostenida por la clase trabajadoras para lograr la genuina justicia laboral, cimiento de la paz laboral de un país que protege libertades y combate interminables juicios laborales, excesivos formalismos, abusos procesales, las ´chicanadas´, el ´coyotaje´, las malas prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria del litigio especializada en desgastar a las partes, retrasar los acuerdos y saturar los centros de arbitraje.

        Con la promesa de mayor apertura del máximo tribunal para atender, con estricto apego al marco legal, los pendientes en materia laboral, sin cabida al chantaje, a la extorsión y a la simulación, manifestada por el Presidente de la SCJN a los líderes sindicales, se abre una ventana de confianza para que la Corte emita resoluciones objetivas e imparciales, ajenas a intereses particulares o presiones políticas, al tener que colocar el bienestar de la clase trabajadora en el centro de la impartición de justicia.

        Se abre la puerta de la esperanza para garantizar, en los hechos, el respeto al derecho de huelga, a la lucha sindical por la justicia laboral y a una Suprema Corte dispuesta a proteger el interés público por encima del privado.