Ante la urgente necesidad de prevenir, investigar, perseguir y judicializar las conductas delictivas por daños a los ecosistemas y otros ilícitos relacionados con la contaminación al aire, agua y tierra, así como la tala ilegal y el maltrato animal, las y los diputados de la LXXVII el Congreso del Estado acordamos la creación de la FEMA mediante reforma a la Ley Ambiental y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia.

Por lo anterior, el pasado 20 de junio, el Fiscal General de Justicia, Javier Flores Saldívar tuvo a bien designar como titular interina de la FEMA a Mónica Lizzeth Reyes Garza, doctora en derecho constitucional, derechos humanos y derecho penal, con una trayectoria de 27 años en la procuración de la justicia.

Cabe señalar que la Fiscal interina estará al frente de la FEMA sin dejar su actual cargo como Directora Jurídica de Investigación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres, una función clave para procurar justicia con enfoque de género.

Aunque en el Transitorio Segundo de la reforma a la Ley Ambiental y a la Ley Orgánica de la Fiscalía se fijó un plazo de 30 días naturales para designar a la persona que ocupará la titularidad de la FEMA; es decir, el 30 de junio pasado, el Fiscal General mantiene en marcha el proceso de entrevistas y evaluaciones de control para elegir a la o al titular definitivo, tras lanzar la convocatoria correspondiente desde el 4 de junio.

La creación de la FEMA responde directamente a lo estipulado en el Artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley".

La obligación del Estado es salvaguardar este derecho humano para que las actuales y futuras generaciones tengan acceso a la justicia ambiental, así como para detonar la participación ciudadana en el acceso transparente a la información ambiental y en la libre toma de decisiones ambientales.

En tal sentido, cuatro son los compromisos que la FEMA deberá cumplir:

1.-Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido en el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, a la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.

2.-Garantizar un entorno propicio para las personas que promueven la protección al medio ambiente, bajo el marco jurídico aplicable en materia ambiental en Nuevo León. 

3.-Aplicar todas las medidas necesarias de naturaleza jurídica, legislativa, reglamentaria, administrativa, judicial u otras, en el marco de sus disposiciones internas para garantizar su implementación.

4.-Garantizar el derecho de las y de los nuevoleoneses para acceder a la información pública que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.

La nueva Fiscalía tendrá que llevar a cabo todas las acciones anteriores hasta articular medidas efectivas que mitiguen la contaminación, la cual afecta gravemente la salud pública en la Zona Metropolitana desde hace décadas, así como para incentivar la denuncia ciudadana con el fin de investigar, perseguir y hacer expedita la procuración de justicia ambiental.

Estamos ciertas que la FEMA coadyuvará a velar por el derecho a vivir en un ambiente sano, así como a conservar los recursos naturales en Nuevo León, siempre y cuando trabaje en forma coordinada con la ciudadanía. Pero, como Grupo Legislativo del Partido del Trabajo vamos a insistir en la iniciativa de reforma constitucional que promovimos desde el 2021, para crear el Tribunal de Justicia Ambiental como órgano especializado del Poder Judicial del Estado y máxima autoridad jurisdiccional en materia de preservación, restauración y conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.