Los partidos políticos deberían contar con esquemas de postulación más alineados a las necesidades de quienes son sus verdaderos empleadores, es decir, los ciudadanos.

Es ingenuo pensar que la selección de candidatos pueda desvincularse por completo de su viabilidad electoral. Sin embargo, un espíritu auténticamente democrático, como el que se supone tienen los partidos al menos entre su militancia, no solo debe preguntarse quién puede ganar votos, sino qué capacidades se requieren para ejercer con idoneidad la función pública.

Cuando un partido utiliza encuestas, suele medir nivel de conocimiento, imagen, intención de voto o atributos personales. El problema es que estas variables distan mucho de evaluar la capacidad de gobernar. De igual forma, en los procesos internos, las decisiones pueden estar influidas por relaciones, pactos previos o por el peso de las "madrinas y padrinos" políticos. Si los partidos políticos supieran cuánto hablan de sí mismos sus procesos de selección de candidatos, serían más cuidadosos.

PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena carecen de un método permanente para todas sus candidaturas. Sus estatutos contemplan diversos procedimientos y es la convocatoria de cada elección la que define las reglas. Incluso al usar encuestas, los criterios varían. El PRI puede emplearlas como una fase previa de valoración, mientras que el PAN contempla mecanismos consultivos que cruzan idoneidad y competitividad. En cualquier caso, para la ciudadanía sería muy útil transparentar las métricas y qué variable terminó definiendo la decisión.

Esto abre un debate necesario sobre si en alguna etapa se analiza qué buscan los ciudadanos de sus gobernantes y, a partir de ello, se alinean los perfiles.

Si aplicáramos la lógica con la que las organizaciones identifican el talento directivo, encontraríamos competencias clave para el liderazgo público. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, basado en la consulta a más de mil empleadores de todo el mundo, destaca entre las competencias centrales el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, el liderazgo y la influencia social, el pensamiento creativo, la motivación y el autoconocimiento. También aparecen la empatía, la escucha activa y la gestión del talento. 

Trasladado a la política, surge una pregunta incómoda sobre cuánto de esto evalúan los partidos al definir candidaturas. A este perfil habrían de sumarse el conocimiento técnico del aparato estatal y la comprensión del entorno local. Resolver problemas concretos relacionados con el puesto al que aspiran exige bastante más que popularidad.

La literatura académica también aporta elementos para esta discusión. Un estudio de Ananish Chaudhuri et al. publicado en 2025 en el British Journal of Political Science, muestra que la calidad de un político es multidimensional y que las conclusiones sobre quién reúne mejores características para ejercer un cargo dependen de qué atributos se decida medir. Su análisis considera dimensiones como educación, motivación, integridad, conocimiento político y capacidad cognitiva, entre otras. 

Esto resulta particularmente relevante para la selección de candidaturas. Si los partidos se limitan a medir conocimiento o intención de voto, obtendrán información sobre esas dimensiones, pero no necesariamente sobre la capacidad de una persona para administrar instituciones, tomar decisiones complejas o actuar con independencia frente a intereses particulares.

Por ello, la transparencia no debe iniciar al asumir el cargo, sino en el proceso interno de selección. Es indispensable escudriñar las trayectorias, no solo los puestos anteriores, sino sus decisiones, resultados, conflictos de interés y compromisos con grupos de poder.

Las encuestas ofrecen información útil sobre posicionamiento, pero el riesgo aparece cuando la popularidad sustituye a la capacidad de gestión.

En lugar de preguntar únicamente «¿quién puede ganar?», los partidos deben plantearse «¿quién reúne las competencias, integridad y trayectoria para gobernar?»

La primera pregunta refleja un interés electoral; la segunda, un compromiso con la ciudadanía.

Y entre ambas existe una diferencia que puede ser abismal. Una democracia no solo requiere candidatos eficaces para captar votos, sino gobernantes capaces de traducirlos en resultados.

Si la ciudadanía es "quien contrata", es momento de exigir que se evalúen las competencias de quien habrá de asumir el puesto.

Decidir por popularidad sin capacidad es una apuesta que sale muy cara pues al final, por los acuerdos entre las altas esferas políticas, la ciudadanía paga las incompetencias. 

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com