Hablar del sistema de cuidados en México es enfrentarse a una realidad tan cotidiana como invisibilizada. En este país cuidar es una tarea que recae principalmente en las mujeres, se hace sin paga, sin reconocimiento y, muchas veces, a costa de oportunidades de desarrollo personal y profesional. Mientras el mundo avanza hacia modelos más equitativos, México arrastra un déficit estructural.

Es sin duda una labor que refleja amor hacia quienes, por un tema de vulnerabilidad, requieren asistencia. Pero también representa para las personas cuidadoras una fuerte carga emocional, física y económica. 

Según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022), más del 77 por ciento de los hogares mexicanos —casi 28 millones— tienen al menos una persona que requiere cuidados. Es decir, tres de cada cuatro hogares dependen de redes familiares informales, usualmente femeninas, para sostener la vida diaria de infancias, personas adultas mayores y personas con discapacidad que son los grupos que demandan atención prioritaria.

El trabajo de cuidados no remunerado representa el 26 por ciento del PIB mexicano, según el INEGI, una cifra que supera incluso a sectores como la industria manufacturera o el comercio. Y, sin embargo, ¿cuánto invierte el Estado para corresponder este esfuerzo vital? Apenas el 0.7 por ciento del gasto programable del presupuesto federal de 2024. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es significativamente menor a lo destinado a los grandes proyectos de infraestructura del gobierno, como el Tren Maya, o a otros rubros de inversión. Es un contraste que grita el abandono.

A nivel internacional, organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la OCDE han fijado estándares para los servicios de cuidado infantil. Por ejemplo, en países desarrollados como Suiza, se requiere un cuidador por cada cuatro niños menores de un año, y al menos el 50 por ciento del personal debe tener formación especializada. 

En países como Estados Unidos, existen programas estatales y federales de apoyo a personas cuidadoras y dependientes. Por ejemplo, a través de Medicaid, algunas familias pueden acceder a servicios de cuidado en el hogar, donde un asistente capacitado visita el domicilio una o varias veces por semana para brindar cuidado personal o supervisión a personas con discapacidad o adultos mayores. Además, hay programas de apoyo económico directo para cuidadores familiares y servicios de educación especial pública y gratuita para niñas y niños con discapacidad. En muchos casos, también se ofrecen centros de cuidado diurno y residencias asistidas con atención médica para personas mayores.

Modelos en Canadá y países europeos como Suecia, Alemania y Países Bajos ofrecen programas estatales con subsidios, apoyo domiciliario, servicios de respiro, seguros de largo plazo y atención en centros especializados.

Estos ejemplos internacionales coinciden en el reconocimiento de los cuidados como una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y las familias. Garantizan servicios gratuitos o accesibles, apoyo económico y opciones educativas o residenciales especializadas. El resultado es un alivio real y tangible para quienes cuidan, y mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad o en situación de dependencia y sus familias.

En contraste, en México los cuidados siguen siendo tratados mayoritariamente como una tarea privada y familiar, sin apoyos estructurales suficientes. Pese a que se ha avanzado hacia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con la reforma constitucional aprobada desde 2020, la implementación ha sido lenta. La oferta actual es limitada: casi 42 mil guarderías, poco más de mil centros para personas mayores, y un universo laboral de cuidadores en gran parte informal y sin certificación.

Esto genera una brecha profunda entre la demanda creciente —con 10.3 millones de infantes (0 a 5 años) y 12.7 millones de personas adultas mayores (60 años y más) requiriendo algún tipo de cuidado— y la capacidad institucional para atenderla.

La urgencia de esta transformación no solo responde a una deuda social interna. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo, obligando a los Estados miembros de la OEA a garantizarlo bajo principios de igualdad, corresponsabilidad y no discriminación. En México, este mandato internacional deberá ser un motor adicional para acelerar la construcción de un verdadero Sistema Nacional de Cuidados.

La solución, aunque compleja, es ineludible. Requiere de voluntad política, inversión pública, corresponsabilidad social y una profunda transformación cultural. Solo así construiremos un sistema de cuidados que garantice más y mejores centros, subsidios dignos, profesionalización integral y remuneración justa para quienes cuidan, y una política pública que eleve el cuidado a su verdadera dimensión: una responsabilidad colectiva y un derecho humano fundamental.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com