El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por ser sombrío y por una fuerte contradicción entre la retórica y los resultados. Basta recordar el mensaje que la entonces presidenta electa ofreció al recibir la constancia de mayoría: "la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados... no quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios... eso significa seguir construyendo un México libre, de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo."

La realidad, sin embargo, dista de aquellas palabras. No se acabó la corrupción, la "austeridad franciscana" es una utopía y mucho menos somos "la mejor democracia del mundo." Tampoco se observa un bienestar generalizado, aunque la inflación —el mejor indicador macroeconómico— se mantiene bajo control.

En el terreno político, Sheinbaum ha tenido que lidiar con la crisis interna de Morena, alimentada por las redes de corrupción heredadas y los constantes señalamientos de vínculos con el crimen organizado. El partido se consume en disputas y la presidenta ha debido soportar la indisciplina de los líderes que aún responden al obradorismo, lo que ha afectado la eficacia de su gestión.

Los problemas estructurales tampoco han cedido. Pemex sigue siendo un barril sin fondo, la CFE se resiste a modernizarse y las obras emblemáticas del sexenio anterior —el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas— mantienen deficiencias y rezagos que pesan sobre las finanzas públicas. Aunque la presidenta reconoce fallas y pide investigaciones, en la práctica no hay responsables. La impunidad se mantiene, y su actitud puede interpretarse como falta de voluntad política o, peor aún, como cinismo ante la crisis de rendición de cuentas.

En materia institucional, lejos de fortalecer la democracia, su administración avaló la eliminación de organismos autónomos clave como el INAI, Coneval, Cofece, Mejoredu, CRE, IFT y CNH, debilitando importantes contrapesos al Ejecutivo. Además, impulsó la reforma que suprimió la independencia del Poder Judicial, sustituyéndola por una elección de jueces alineados con el régimen de la 4T. Este proceso controvertido ha mermado la credibilidad de su gobierno y, simultáneamente, ha frenado la atracción de nuevas inversiones ante la falta de certidumbre jurídica.

En lo económico, los especialistas reconocen que Sheinbaum ha mantenido políticas macroeconómicas responsables y ha respetado la autonomía del Banco de México. No obstante, el crecimiento sigue siendo bajo y la inversión insuficiente, lo que impide un desarrollo sostenido. El presupuesto privilegia programas sociales y proyectos heredados, mientras la educación y la salud continúan relegadas.

Entre los aspectos positivos, destaca su actitud de "cabeza fría" frente a las presiones de Donald Trump en temas de narcotráfico, migración y comercio, mostrando mayor apertura en política exterior. También resulta relevante el viraje en seguridad. A través de Omar García Harfuch, Sheinbaum dejó atrás el discurso de "abrazos, no balazos", y se observaron avances en la reducción de homicidios y la captura de personas relacionadas con delitos de alto impacto. Sin embargo, estos resultados operativos, presionados por la cooperación policial de Estados Unidos, no garantizan un debilitamiento estructural del crimen organizado en el país.

Sheinbaum ha sido congruente en la defensa de la mujer y ha ampliado los programas de apoyo a adultos mayores, becas y nuevas pensiones para mujeres, lo que explica buena parte de su popularidad.

Aun así, el balance general es desfavorable. No ha logrado, o tal vez no ha querido, marcar distancia con su antecesor. Morena disfruta del control político, pero no necesariamente respalda con firmeza a la presidenta.

Paradójicamente, gobierna con un alto nivel de aprobación ciudadana —entre 70 y 80 por ciento según las encuestas—, lo que constituye un éxito político innegable. El reto, sin embargo, está en transformar ese capital en resultados tangibles. El futuro de su gestión dependerá de si logra imprimir un sello propio, generar escenarios de desarrollo y fortalecer las instituciones con eficacia, transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, la concentración de poder y la ausencia de contrapesos seguirá siendo el mayor riesgo para la democracia mexicana.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com