Opinión Editorial


Entre la protección y el clientelismo


Publicación:12-11-2026
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La naturaleza de estos apoyos alimenta un debate permanente sobre la priorización del gasto público y su posible uso político

Todo país implementa programas sociales. Mientras algunos esquemas aseguran únicamente un piso de subsistencia inmediata, otros buscan detonar capacidades de largo plazo. Por un lado, se encuentran los servicios públicos universales y los sistemas contributivos, como la educación básica, la atención médica general y las pensiones ligadas a los años de trabajo, los cuales constituyen la infraestructura permanente del Estado. Por otro lado, se ubican los programas no contributivos y focalizados, entre los que destacan los apoyos a personas con discapacidad, las pensiones para adultos mayores, las becas estudiantiles y las transferencias a sectores vulnerables. En este segundo grupo se incluyen también los subsidios directos y las inversiones en capital humano orientadas a fortalecer la capacidad productiva del país.

Estos programas son una pieza clave del contrato social moderno, pero pueden convertirse, si no se blinda su diseño institucional, en herramientas de clientelismo cuando se utilizan para comprar lealtades políticas más que para garantizar derechos ciudadanos.

La protección social moderna cuenta con una larga trayectoria. Surgió en Europa a finales del siglo XIX con los seguros sociales de Bismarck y se consolidó a mediados del siglo XX con Beveridge y Keynes como pilares del Estado de bienestar. En México, este desarrollo tuvo un momento clave en la Constitución de 1917 al elevar la previsión social a rango constitucional, origen de las instituciones de seguridad social del siglo XX. Décadas después, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se produjo un crecimiento sin precedentes de los programas no contributivos al elevar las transferencias directas a rango constitucional, universalizar la Pensión para Adultos Mayores e incorporar apoyos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las Becas Benito Juárez.

La naturaleza de estos apoyos alimenta un debate permanente sobre la priorización del gasto público y su posible uso político. El riesgo mayor aparece cuando la ayuda económica sustituye las soluciones estructurales, porque el asistencialismo alivia la urgencia diaria sin modificar las condiciones de fondo que perpetúan la marginación. Este riesgo se acentúa cuando la ciudadanía percibe que los recursos provienen de la voluntad del gobernante y no del presupuesto público. En México, un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad junto con el diario Reforma mostró que el 52 por ciento de los beneficiarios identificaba al presidente como origen directo de los apoyos y 48 por ciento consideraba a los operadores del programa como representantes de su partido, alimentando la sospecha del uso de fondos públicos para la compra de lealtades electorales.

Sin embargo, la evidencia internacional confirma que, cuando operan con reglas transparentes y padrones auditables, las transferencias monetarias reducen la pobreza coyuntural y protegen el ingreso de los hogares. Los países con sistemas sólidos de protección social combinan tres rasgos, instituciones que limitan la discrecionalidad, sistemas tributarios capaces de financiar el gasto y una visión de largo plazo que equilibra ayudas inmediatas con inversión estructural. Según la OCDE, México destina alrededor de 10 por ciento de su PIB al gasto público social integral, frente a niveles de entre 29 y 31 por ciento en países como Finlandia, Francia y Bélgica, mientras que la CEPAL ubica el promedio en América Latina en torno al 11.6 por ciento del PIB.

En México, las transferencias monetarias directas benefician a más de 42 millones de personas. El Presupuesto de Egresos de la Federación asigna más de un billón de pesos a estos programas prioritarios, lo que equivale a casi el 10 por ciento del presupuesto neto total y al 2.6 por ciento del PIB, consolidando una inercia de gasto que absorbe casi uno de cada diez pesos que gasta el Estado.

Convertir las transferencias monetarias en el eje casi único de la política social compromete el futuro del país si se descuida la salud pública, la calidad educativa y la inversión en infraestructura y seguridad. Del mismo modo, se abre la puerta al uso electoral de los recursos si los apoyos no se desvinculan del gobernante en turno mediante reglas de operación independientes y mecanismos de supervisión autónomos.

La efectividad de la política social no debe medirse por el volumen de dinero repartido ni por el rédito electoral inmediato, sino por la capacidad del Estado para garantizar derechos, financiar sus servicios esenciales y construir oportunidades verdaderas de movilidad social. Esa es la línea que separa una política de protección social orientada a la justicia y la cohesión, de un esquema que se agota en la transferencia de recursos y termina alimentando el clientelismo.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com




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