El proyecto Santa Lucía recibe anualmente 4 millones de visitantes. Quienes recorren los 2.5 kilómetros que comprenden este atractivo turístico pueden sustraerse del caos citadino yendo desde el Museo de Historia Mexicana, continuar todo el río hasta llegar hasta Fundidora, sin estrés, disfrutando cada amenidad.

Donde hoy hay un atractivo paseo, se encontraban, décadas atrás, bodegas, predios y viviendas en desuso. Para hacerlo realidad, el gobierno estatal encabezado por Sócrates Rizzo García se acercó a los dueños de cada terreno para negociar la compra; si bien la gran mayoría estuvo de acuerdo; otros, no.

De 80 vecinos que serían afectados, la cantidad de inconformes se fue reduciendo a solo cinco; ellos exigían un precio superior en 24 millones de nuevos pesos al valor real de los predios de 1994, según lo estimado entonces por las autoridades. 

En marzo de ese año, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó reformar la Ley de expropiación por causa de utilidad pública y al amparo del nuevo marco normativo, el gobierno estatal advirtió que recurriría a la expropiación si los inconformes no llegaban a un acuerdo. Según consignó entonces El Porvenir, la autoridad consideraba esta medida como último recurso. Finalmente, sí hubo algunos predios expropiados.

 "Siempre existe la facultad (de la expropiación), el gobernador tiene la facultad de llegar a hacerlo, está dentro de sus facultades, pero hemos pretendido hacerlo por la vía de la conciliación", dijo en su momento Humberto Vela del Bosque, quien fuera secretario técnico del Consejo Estatal de Rehabilitación Urbana.

En la historia reciente vienen a mi memoria dos casos de expropiación: en 2021, los dueños de 34 predios de San Pedro fueron invitados a vender sus propiedades para construir el proyecto Nueva Vasconcelos; al final, entre 8 y 10 vecinos fueron víctimas de la expropiación por no llegar a un acuerdo. Algunos dijeron que solo les ofrecieron 500 mil pesos, monto que consideraron muy bajo.

Y en este 2026, con motivo de la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, el gobierno del Estado ha expropiado aproximadamente 30 propiedades donde estarán las zonas de ascenso y descenso de usuarios.

En ambas circunstancias los afectados dicen que no hubo diálogo suficiente; en el caso de los trabajos del Metro, hay quienes aseguran que funcionarios del Estado solo llegaron y les anunciaron la decisión de expropiar.

En poco más de tres décadas, queda más que claro el beneficio del Paseo Santa Lucía a la ciudad. No dudo que sucederá lo mismo con las Líneas del Metro; no obstante, tener prisa para entregar este proyecto –hay que recordar que esta administración concluye en 2027- no justifica la expropiación como vía expedita para hacerlo realidad.

Ya se sabe que la celeridad en la ejecución de obra pública tiene sitiada a la ciudad, que quienes conducen convierten sus desplazamientos en estrés y que cada día hay más gente enojada por esta causa.

El estado sostiene que no existen amparos y que hay avance en las negociaciones con los inconformes expropiados, pero sea cierto o no, ello no significa que todos estén satisfechos.

No perdamos de vista que ya estamos en año electoral y aunque es odioso mezclar la inconformidad ciudadana con la coyuntura política, no es algo que podamos soslayar. 

En alguna ocasión Natividad González Parás declaró que el progreso requiere esfuerzo; quisiera pensar que el caos que hoy sufrimos es "necesario" para un bien mayor que a mediano plazo disfrutaremos, pero estimo que el progreso no debería estar peleado con hacer las cosas por la vía adecuada.