En México hemos comenzado a normalizar vivir entre informaciones ambiguas que, a fuerza de mentiras, van construyendo un país sostenido con alfileres. Nos faltan dos valores elementales: la verdad y el bien.

La verdad y el bien son valores esenciales que inspiran la convivencia y la vida personal. La verdad, porque proporciona la información que genera confianza, permite avanzar y construir puentes sólidos entre las personas. El bien, porque representa el deseo de procurar el bienestar propio y ajeno; aquello que satisface una necesidad y se considera moralmente correcto. Ambos valores exigen voluntad para preservarlos, y son el fundamento indispensable para la paz y para trabajar en proyectos comunes.

Hoy vivimos una crisis de verdad. Dudamos de todo. La abundancia de información y la facilidad para manipularla hacen posible mentir y alterar el sentido original de los mensajes, incluso inventar fuentes. La tecnología, lejos de ser garantía de verdad, puede convertirse —al estar manejada por personas— en un instrumento de desinformación y engaño. Y donde reina el engaño, no hay bondad, entendida como la inclinación natural a hacer el bien.

Es precisamente la intencionalidad lo que ha separado a la verdad del bien. Si existiera una convicción auténtica de actuar en beneficio de los demás, no habría dudas sobre la información que circula. Por eso, en medio de esta crisis de verdad, resulta inevitable pensar que también hay una crisis de bondad: o falta el deseo sincero de hacer el bien, o existen demasiados compromisos e intereses que distorsionan el sentido de los hechos.

Estas crisis de valores se manifiestan tanto en lo social como en lo personal, pero son especialmente evidentes en el ámbito político. Cada acto o declaración de los funcionarios públicos se interpreta con sospecha, atribuyéndoles fines electorales o de concentración de poder. Incluso parece que a veces se busca intencionalmente provocar malestar o daño. Aunque generalizar es injusto —pues hay acciones auténticas y valiosas—, lo único que se acepta casi sin reservas es la posibilidad de la mentira o de intenciones ocultas que benefician a unos cuantos.

Es cierto que existen fuentes autorizadas y competentes que podrían llevarnos a la verdad. Pero no todas las personas tienen acceso a ellas, ni la voluntad de buscarlas, ni el criterio suficiente para entender sus implicaciones. Es más sencillo creer lo que circula en redes o en ciertos medios, aunque no siempre sea verídico. Así, se crea una cadena de desinformación e intereses que provoca inquietud, malestar y polarización. La ambigüedad termina siendo el ambiente perfecto para quienes toman decisiones, porque allí prosperan la mentira y la manipulación.

Ya hemos hablado antes de la posverdad como estrategia política. En México, es casi un modo cotidiano de comunicar y gobernar. Aunque la presidenta Sheinbaum sostenga una narrativa optimista y hasta esperanzadora —¿o tal vez perversa?—, la incertidumbre marca nuestro presente. 

Y la mayor fuente de ambigüedad está en el poder ejecutivo, el Congreso y Morena. Y hay ejemplos claros.

Recientemente, el Senado aprobó una serie de reformas cuestionables que afectan nuestras libertades básicas bajo la premisa de que el «pueblo sabio y bueno» necesita un Estado protector. Entre ellas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la Ley General de Población, que introducen la CURP biométrica como documento oficial de identidad y herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas. Se argumenta que con esto se agilizará la coordinación institucional y se dignificará el proceso de búsqueda.

También se avaló la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública —identificada por la oposición como la «Ley Espía»— que pretende establecer un nuevo modelo de seguridad basado en la prevención y la inteligencia estratégica, pero que otorga a las autoridades acceso ilimitado a información patrimonial, fiscal, financiera, comercial y de comunicaciones, sumado ahora a los datos biométricos.

A ello se suma la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que propone garantizar el acceso a Internet en zonas marginadas y fortalecer medios comunitarios indígenas y afromexicanos, pero que la oposición califica como un riesgo de intromisión y censura.

En el Congreso predominan los argumentos oficialistas que validan las propuestas, mientras que las posturas críticas suelen ser descalificadas sin matices. Sobre todo, llama la atención porque las leyes que hoy aprueban los morenos fueron rechazadas por ellos mismos en 2014.

¿A quién creer? Hoy por hoy, la política en México parece un espacio donde ni la verdad ni el bien encuentran lugar.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com