El ejercicio electoral del próximo 1 de junio, en el que se renovará buena parte del poder judicial en México, no sólo es inútil: es una farsa. Más que una reforma transformadora, se perfila como una operación política disfrazada de democracia, y manipulada por un afán de poder y control. Participar mediante el voto no tiene sentido. Hay varias razones para sostener esta afirmación.

Primero, la reforma judicial no es respaldada por la ciudadanía en los términos en que quedó. Aunque hay consenso sobre la urgencia de una transformación, la idea de elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados fue, desde el inicio, la parte más polémica. Lejos de significar una democratización de la justicia, muchos la entienden como una forma de control político del sistema judicial. En lugar de fortalecer los contrapesos, los elimina. Un poder judicial electo por mecanismos controlados desde el poder ejecutivo o legislativo deja de ser independiente y se convierte en brazo del gobierno. La separación de poderes, piedra angular de toda república democrática, queda así vulnerada.

Segundo, el sistema de votación es enredado, confuso y diseñado para la opacidad y abstencionismo. La ciudadanía no conoce a los candidatos ni entiende a cabalidad el proceso. En total, se elegirán 881 cargos judiciales en todo el país, entre tres mil 422 candidatas y candidatos registrados (mil 338 mujeres y dos mil 084 hombres). Aunque el INE habilitó una plataforma informativa, el votante promedio no tiene claridad de cómo evaluar las credenciales técnicas, la independencia o la ética de quienes aspiran a ejercer justicia. 

En Nuevo León, por ejemplo, se elegirán 57 cargos judiciales federales repartidos en seis boletas: ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, jueces de distrito y magistrados de circuito. Para estos 57 cargos hay 249 aspirantes. No hay logotipos de partidos, pero sí claves, números y siglas que confunden. 

Tercero, la percepción generalizada es que los nombramientos ya están decididos. La mayoría de los aspirantes fueron propuestos o validados por legisladores y actores afines a Morena, lo cual anticipa una alineación automática al partido oficial. Este mecanismo convierte a la elección en una simulación. Un proceso amañado de origen es también un proceso corrupto, porque no busca a los mejores perfiles, sino a los más leales. Si los nuevos jueces deben su nombramiento al partido, ¿cómo podrían juzgar sus actos con imparcialidad? El poder judicial se vuelve cómplice.

Cuarto, se han divulgado nombres de candidatos presuntamente ligados al crimen organizado. Las autoridades no han desmentido ni investigado de forma clara estos vínculos, lo que afecta aún más la confianza ciudadana en el proceso.

Quinto, hay evidencias de presiones políticas y "acordeones" para inducir el voto hacia determinados perfiles. El clientelismo y la coacción, prácticas conocidas en otras esferas electorales, ahora invaden un espacio que debería ser inmune a esas prácticas: la justicia.

Sexto, se rompen los candados para una elección transparente. Los empleados del INE realizarán el conteo de votos ni se anularán las boletas que no se utilicen lo que da pie a ser llenadas como se quiera.

¿Cuánta participación se necesita para que este proceso sea legítimo?

Desde el punto de vista legal, la elección será válida sin importar cuánta gente vote ya que no hay un umbral mínimo de participación para que sea reconocida. Sin embargo, desde el punto de vista político y democrático, la historia es otra. La legitimidad de una elección también se mide por el respaldo social que recibe. Si menos del 15 por ciento del padrón participa el resultado carecerá de representatividad real. Pero como también se prevé, habrá muchos acarreados para simular alta participación aprobación ciudadana.

Las preguntas de fondo son: ¿con este sistema se obtendrá una justicia más equitativa, imparcial, independiente y expedita?, ¿se acabará la impunidad y corrupción? ¿O se está construyendo un sistema judicial subordinado, sin voz propia, al servicio del poder en turno? Las respuestas parecen obvias.

Cuando todo apunta a que la elección ya está decidida, ejercer el voto se vuelve una decisión moral, no sólo electoral. Votar, anular o abstenerse: cada acto comunica. Usted elige cómo responder.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com